El Supremo Tribunal Federal de Brasil ratificó anoche el orden propuesto por el presidente de la Cámara de Diputados para una votación de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, en un revés para la mandataria, quien había interpuesto un recurso para anular el proceso con miras a destituirla.

La mayoría de los integrantes del mayor tribunal brasileño rechazaron una petición del Partido Comunista de Brasil, aliado de Rousseff, que buscaba desestimar que la votación comenzara con representantes de estados que favorecen la remoción de la presidenta.

La corte aún debe dictaminar sobre un pedido del gobierno para suspender la votación del domingo, cuando el plenario de la Cámara de Diputados decidirá si archiva el proceso o solicita al Senado el enjuiciamiento de Rousseff por haber violado la Ley de Responsabilidad Fiscal al practicar maniobras contables destinadas a maquillar la situación financiera del país.

El abogado general de la República, José Eduardo Cardozo, aseguró que la apelación interpuesta por el gobierno no buscaba ganar tiempo, ante la previsión de que los diputados recomendarán al Senado enjuiciar a Rousseff. “No estoy intentando ganar tiempo, estoy luchando por lo que considero justo”, dijo Cardozo, citado por el portal del diario O Estado de Sao Paulo.

“Estamos discutiendo solamente vicios de procedimiento. Sostenemos que se extrapoló el objeto de la denuncia y se restringió el derecho de defensa de la presidenta”, agregó.

Entre algunos de los “vicios”, Cardozo citó la mención a investigaciones vinculadas a la operación Lava Jato, que trata de la trama de corrupción en Petrobras y que son mencionadas en el escrito que solicita el juicio a Rousseff. Según él, es irregular que el informe aborde hechos relacionados a la corrupción en Petrobras porque no existe ninguna investigación formal contra Rousseff respecto a ese asunto.

La apelación fallida se presentó poco después de que los que apoyan que la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT) sea destituida ganaran adhe-
siones en los últimos días. Las bancadas legislativas de al menos cuatro partidos aliados del gobierno anunciaron en los últimos dos días que dejarán la coalición oficialista y/o votarán a favor de la salida de Rousseff.

El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la principal fuerza política del país y que lidera el vicepresidente Michel Temer, confirmó que 90% de sus 68 diputados votará a favor del juicio político. En los últimos días, anunciaron que respaldarán el proceso los partidos Progresista (PP), Social Democrático (PSD) y Laborista Brasileño (PTB), que en conjunto suman unos 100 diputados.

Aun cuando algunos de los miembros de esas formaciones voten a favor de Rousseff, esos partidos engrosarán las fuerzas que impulsan el proceso, que necesitan 342 de los 513 votos posibles en la Cámara Baja para que el trámite llegue al Senado.

De alcanzarse esa mayoría calificada, en un plazo por definir pero que puede ser de unos 15 días, los 81 miembros del Senado decidirán, por mayoría simple, si se inicia el juicio político contra la mandataria.

De acuerdo con expertos, una eventual destitución de Dilma mejoraría a corto plazo la confianza económica en el país, pero por sí solo el cambio político sería insuficiente para salir de la profunda recesión que vive el país.

“Creo que la economía mejorará con un nuevo gobierno, pero con cautela. Estamos viviendo un periodo de luna de miel que puede traer un choque de realidad. El cambio de gobierno puede resolver cuestiones vinculadas con la confianza a corto plazo, pero sólo eso”, explicó el director de la consultora LCA, Celso Toledo, en Sao Paulo, en entrevista con Notimex.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, admitió que “soplan vientos fríos” en Brasil, y recalcó la urgencia de que la política macroeconómica vuelva a “un terreno estable”.

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