Corte reanima esperanzas de indocumentados en EU

Revisará legalidad de la suspensión de decretos migratorios de Obama; activistas, Casa Blanca y gobierno de México saludan decisión del tribunal

Una mujer reclama mantener a las familias inmigrantes unidas en una protesta ante la Suprema Corte de Estados Unidos en Washington, en noviembre pasado (KEVIN LAMARQUE. REUTERS)
Mundo 20/01/2016 01:50 Agencias Washington Actualizada 01:50

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió ayer revisar la legalidad de la suspensión provisional de los decretos migratorios del presidente Barack Obama, y reavivó así las esperanzas de unos cinco millones de indocumentados de salir pronto de las sombras.

La Suprema Corte analizará las decisiones de las cortes de distrito y de apelaciones que mantienen suspendida la aplicación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, en su versión ampliada (DACA, por su sigla en inglés), así como del Programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Legales Permanentes, también conocido como DAPA.

Ambos programas, anunciados por Obama en noviembre de 2014, fueron bloqueados en febrero pasado a raíz de una demanda presentada por 26 estados, en su mayoría gobernados por republicanos, liderados por Texas y que argumentan que el plan migratorio excede la autoridad que la Constitución otorga al presidente.

La Corte Suprema comenzará a escuchar alegatos orales en abril y probablemente tomará una decisión a finales de junio, cuando la campaña electoral por la Casa Blanca habrá entrado en la recta final.

La Casa Blanca, activistas, congresistas, inmigrantes indocumentados y el gobierno de México aplaudieron la decisión de la Corte Suprema de analizar el caso de los decretos migratorios, que protegerían de la deportación a cinco millones de indocumentados.

La decisión del tribunal “debe de verse con una señal de esperanza para los cinco millones de personas”, dijo Jeanne Atkinson, directora ejecutiva de la Catholic Legal Immigration Network, Inc. Kica Matos, representante de la red Movimiento para una Reforma Migratoria Justa, que agrupa a 45 organizaciones en 35 estados, dijo confiar que la Corte Suprema va a fallar en favor del gobierno de Obama.

“Mientras la batalla legal continúe y los republicanos sigan con su campaña antiinmigrante, tenemos que recordar que estas medidas tienen un costo humano. Millones de familias siguen viviendo en el limbo, con miedo de que en cualquier momento los separen de sus seres queridos”, declaró.

“El anuncio de la Suprema Corte es una gran victoria en nuestra lucha por los derechos de millones de familias que finalmente tendrán su día en la Corte y la oportunidad de que se escuche su voz”, dijo Cristóbal Alex, presidente del grupo Latino Victory Project. Adam Luna, vocero de United We Dream, liderado por jóvenes indocumentados, celebró que las “familias inmigrantes finalmente tendrán su día ante la Suprema Corte. Ellos decidirán si rechazan la demanda interpuesta por motivos políticos que ha bloqueado a millones de familias inmigrantes de la oportunidad de vivir y trabajar sin miedo”, indicó.

El fallo que asuma el tribunal no afectará DACA, anunciado en 2012 para dar permisos de trabajo a jóvenes estudiantes indocumentados, dado que no está incluido en la demanda legal interpuesta por Texas y otras 25 entidades.

La acción ejecutiva de Obama otorgará a los indocumentados que califiquen un alivio contra la deportación hasta por tres años y permisos de trabajo, pero no serán elegibles para otros beneficios, incluyendo subsidios bajo la ley de salud. La acción del presidente pretende beneficiar a los indocumentados que tienen hijos nacidos en EU o que son residentes legales permanentes de este país y que llegaron desde hace cuando menos cinco años.

Al dar la bienvenida a la decisión de la Suprema Corte de EU, el gobierno de México consideró que un fallo que permita la instrumentación de DAPA y DACA ampliado, “resultaría en que millones de personas inmigrantes puedan acogerse a estos programas de acción diferida para gozar de certidumbre jurídica y continuar aportando al bienestar de sus familias y enriqueciendo a las comunidades en las que residen”. En un comunicado de la Cancillería, México llamó a “que se tome en consideración el impacto positivo de estos programas en la vida de las familias inmigrantes, así como en la economía y el tejido social de ese país.

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