Sentar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a varios altos funcionarios de su gobierno en el banquillo del Tribunal Penal Internacional de La Haya (Holanda) acusados de crímenes contra la humanidad, es el objetivo del Grupo de Familiares de Víctimas Venezolanas.
Por eso ayer presentaron una denuncia “con evidencias suficientes”, según aseguran, que hicieron públicas en Madrid con la esperanza de que el Tribunal de la Haya inicie una investigación, y si ve que hay indicios de delito, ordene su detención y los juzgue. “Igual que en su día hizo contra Slobodan Milosevic, juzgado en La Haya por crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio durante la guerra de la ex Yugoslavia”, relató en entrevista con EL UNIVERSAL Juan Carlos Gutiérrez, abogado del activista y ex alcalde de Chacao, Leopoldo López.
En el documento, de casi 200 páginas, se relatan con todo detalle “los asesinatos, los actos de tortura, las detenciones arbitrarias, las persecuciones y otros actos inhumanos que el gobierno de Venezuela ha cometido con fines políticos, para castigar y neutralizar no solamente focos de disidencia política sino cualquier acto de crítica o cualquier disidencia contra el gobierno venezolano”, explicó Gutiérrez.
En concreto detalla una treintena de homicidios, más de 400 torturas, 3 mil 700 detenciones ilegales, 800 heridos y 2 mil juicios contra manifestantes pacíficos, registrados desde febrero de 2014 hasta la actualidad. “En todos estos casos ha habido impunidad, lo que le da potestad a la intervención de la Corte Penal Internacional”, añadió el letrado. “Por eso esperamos que analice toda la información que aportamos y abra una investigación e inicie un juicio contra Maduro y contra otros miembros de su gobierno”.
La petición se realiza con “urgencia”, ante el temor de que el gobierno reprima protestas contra posibles irregularidades electorales —el 6 de diciembre son las legislativas venezolanas—. “La violación de los derechos humanos en Venezuela no es coyuntural sino estructural, y tiene por objetivo silenciar cualquier voz crítica contra los intereses del gobierno, y neutralizar cualquier iniciativa de cambio democrático”, añadió Gutiérrez.
Sobre la situación de López, el abogado reconoció que han aumentado los hostigamientos contra él y su familia, principalmente su esposa Lilian Tintori, quien ha denunciado que ha sido obligada a desnudarse en algunas visitas a la prisión donde está López y en las que, dijo Gutiérrez, ha habido “agresiones verbales con contenido sexual”.
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