La Habana.— Dos semanas después de que el presidente de Colombia y el líder de la guerrilla de las FARC se dieran la mano y exhibieran un histórico acuerdo sobre justicia, ayer afloraron fuertes diferencias entre las partes sobre asuntos delicados que aún están por precisar, como la privación de libertad, las extradiciones y la forma de elección de los magistrados del tribunal especial de paz.

El jefe negociador gubernamental, Humberto de la Calle, explicó que hay algunos puntos que el gobierno no ha aceptado, como que haya formas de secuestro que puedan ser objeto de amnistía, o las interpretaciones de las FARC sobre las características de restricción de libertad, que consideró “inaceptables” y “por debajo de los mínimos que exige la comunidad internacional”.

Por ello, el gobierno ha propuesto que se reúna nuevamente la comisión de juristas que se ocupó de redactar el acuerdo sobre justicia transicional, que se anunció el pasado 23 de septiembre en La Habana con la presencia del presidente Juan Manuel Santos y el líder máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, algo a lo que la guerrilla se niega.

Antes, el negociador rebelde Iván Márquez advirtió que “la paz no se construye con palabras que se lleva el viento ni con promesas que nunca se cumplen”. Y dijo que a la guerrilla le preocupa que no pueda firmarse la paz en marzo de 2016, como se pactó, debido a la “desconfianza” y “avilantez” de los representantes de Santos.

Los colombianos, en tanto, se mostraron abiertamente optimistas frente a los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana y un alto porcentaje consideró que la paz traerá beneficios, fuerza y poder al país.

De acuerdo con la encuesta del Centro Nacional de Consultoría realizada para el noticiero de televisión CM&amp, 65% se siente optimista frente a los diálogos de paz. El 73% afirmó que Colombia se beneficiará con el acuerdo de paz, mientras que 87% manifestó su interés en que se firme el pacto.

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