ONU documenta crímenes contra la humanidad en Sri Lanka

Una investigación de Naciones Unidas ha recabado evidencias que "indican de forma muy contundente" que tanto los rebeldes tamiles como el gobierno de Sri Lanka cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el conflicto que los enfrentó.

"El informe revela patrones de graves violaciones, que indican que crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad fueron cometidos por ambos bandos", indicó en rueda de prensa el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein.

El informe relata como se llevaron a cabo "numerosos" asesinatos entre 2002 y 2011 que fueron cometidos "por ambas partes, así como por grupos paramilitares ligados a las fuerzas de seguridad".

"Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue conocer el nivel y la extensión de la violencia sexual cometida tanto contra las detenidas como contra los detenidos".

Se ha podido comprobar que los casos de ataques sexuales no eran aislados, sino una práctica establecida de tortura, advierte el texto, que recuerda que ninguna persona ha sido hasta el momento condenada por estos crímenes.

Con respecto a las desapariciones forzadas, la investigación ha establecido que estos crímenes se cometían "como un método sistemático contra la población civil".

En particular se ha podido comprobar que muchas personas fueron "desaparecidas" en la fase final del conflicto y cuando ya se habían rendido.

El texto también indica reclutamiento forzado de niños y adultos, especialmente por parte de los rebeldes tamiles.

El informe recuerda que si este crimen se prueba en un tribunal representaría un crimen de guerra.

Asimismo, el texto acusa al gobierno de haber bombardeado indiscriminadamente zonas pobladas por civiles y que el propio Ejecutivo había establecido como "zonas libres de fuego".

Finalmente, el informe indica que hay "claras evidencias" de que el gobierno restringió los movimientos de los trabajadores humanitarios y que bloqueó de forma deliberada la distribución de comida y medicamentos, lo que llevó a la hambruna de la población y que esta se usara como un arma de guerra.

La investigación se ha debido hacer desde el exterior y con nula colaboración del gobierno, es por ello que no se han podido cuantificar correctamente el número de exacciones ni la cifra de víctimas.

El informe documenta "años de negaciones, incapacidad de llevar a cabo investigaciones, represalias contra los familiares de las víctimas y otras víctimas que han pedido justicia".

Asimismo, el texto indica que el hecho de que todos los intentos de llevar a la Justicia las mencionadas violaciones hayan sido frustradas ha creado entre la población un sentimiento de escepticismo, rabia y ninguna confianza en las instituciones.

"Especialmente porque muchas de las estructuras responsables de las violaciones y los crímenes siguen funcionando".

El texto señala especialmente la falta de acción contra los crímenes cuando los responsables son el Ejército o las fuerzas de seguridad.

"También demuestra represalias contra profesionales de la justicia que intentaron procesar los casos de violaciones a los derechos humanos en los que estuvieran implicados funcionarios del Estado".

De hecho, el informe señala que el sistema judicial ceilandés no está listo para llevar a cabo un proceso de asunción de responsabilidades.

"No hay un sistema de protección de testigos; el sistema no está listo para lidiar con crímenes internacionales de esta magnitud; el sistema policial y judicial está absolutamente corrompido y destruido por décadas de conflicto".

Es por ello que la ONU recomienda un tribunal mixto integrado por jueces, fiscales, abogados e investigadores internacionales y nacionales para poder determinar con exactitud los crímenes ocurridos, y poder procesar y juzgar a los culpables.

"Un tribunal puramente doméstico no podría superar la extendida y justificable sospecha de que no actuaría de forma justa, sospechas basada en décadas de violaciones, malas prácticas y promesas rotas", señaló Zeid.

El alto comisionado también señaló que para que el proceso de asunción de responsabilidades funcione realmente es esencial desmantelar las estructuras represivas mantenidas durante lustros.

Se calcula que en 26 años de conflicto entre 60 mil y 100 mil murieron a causa del mismo.

"Espero que este informe inspire el cambio que tantos ceilandeses han esperado durante tanto tiempo", concluyó Zeid.

jlc