La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) exhibió ayer el más demoledor informe sobre un entarimado de tráfico de influencias, “principalmente proveniente del crimen organizado”, para el enriquecimiento ilícito que penetra al aparato institucional guatemalteco.

En una nueva sacudida al país, denunció que el narcotráfico y las otras modalidades de la delincuencia organizada están insertados en los partidos políticos y acusó que la corrupción unifica a un sistema partidista financiado con recursos de origen sucio y “propicio” para el delito electoral sin castigo.

Al advertir que los aportes privados a los partidos son las vías de mayor riesgo, la CICIG desnudó un escenario de cinco mecanismos: financiamiento “espurio o ilegal” que se origina en el crimen organizado; compra de influencia y conflictos de interés; inequidades electorales graves; desarticulación de los partidos y del  sistema partidista; y pérdida de credibilidad de la regulación del financiamiento político.

El colombiano Iván Velásquez, jefe de la CICIG, describió que “con los flujos de financiamiento privado —en la práctica, anónimos, ilimitados y sin control—, la política democrática es utilizada como un instrumento para la acumulación económica, en tanto los financistas de campañas no realizan sus aportes económicos exclusivamente por identidad ideológica o por filantropía, sino por intereses muy concretos”.

“Algunos candidatos que se postulan a cargos públicos son miembros de grupos del narcotráfico”, narró. Los financistas “abarcan un amplio espectro de actores e intereses, que incluyen desde las grandes corporaciones globalizadas que buscan influir en la política económica o en la preservación de sus privilegios, hasta pequeños constructores locales que persiguen la asignación de la construcción de obras en un municipio”, precisó el jerarca de la CICIG, instancia querellante de Naciones Unidas instalada en 2007.

El informe revela que “Guatemala es un mercado abierto y sin una ley que regule el juego partidista, con empresarios corruptos y el narcotráfico metido en todo. Hay un poder paralelo corrupto frente al debilitado poder gubernamental y estatal”, adujo el dirigente indígena guatemalteco Rodolfo Pocop, de la ex guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. “No hay democracia plena ni participación ciudadana”, dijo Pocop a EL UNIVERSAL.

Las revelaciones surgieron mientras Guatemala sufre una conmoción desde que la Fiscalía General y CICIG desnudaron en abril pasado la corrupción que arrincona al presidente Otto Pérez Molina.  La CICIG y la Fiscalía asestaron un golpe al opositor partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), cuyo candidato presidencial, Manuel Baldizón, es favorito para ganar los comicios de este año. Ambas instancias denunciaron a Edgar Barquín Durán, candidato a la vicepresidencia con Baldizón, y a dos diputados de LIDER por presuntamente ayudar a una red que desde 2008 habría “lavado” 124 millones de dólares, en un caso por el que hay 11 personas detenidas.

El  informe de la CICIG “deja claro que la clase política ha estado burlándose de la población” del país, aseguró el gobierno de Estados Unidos en un comunicado difundido por su embajada en el país centroamericano. Guatemala, “como hemos dicho antes”, padece de instituciones débiles en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en la auditoría de las mismas. “Este informe ilustra lo que ocurre cuando se le da a las instituciones débiles la tarea de controlar a los actores corruptos”, añadió el comunicado.

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