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Los cuerpos de los dos presuntos secuestradores que murieron linchados a manos de pobladores de Atlatongo, no han sido reclamados por alguno de sus familiares.

El secretario de Gobierno del estado de México, José Manzur Quiroga, identificó a los presuntos secuestradores como Octavio Ramírez, de 31 años; Pedro Jesús Rivera Rosas, de 28, ambos originarios de Ayutla de los Libres, Guerrero; y Nayeli Pérez Verde, de 30 años.

Primero falleció Octavio Ramírez, por los puñetazos y patadas que recibió en la cabeza y rostro; horas más tarde Nayeli, quien además de ser golpeada sería colgada; en tanto que Pedro, el tercer retenido, se trasladó acompañado de 18 pobladores al estado de Hidalgo, donde presuntamente estaría el secuestrado, que no fue encontrado en ese lugar.

Rivera Rosas fue dado de alta, por lo que rinde su declaración en la Procuraduría de Justicia del estado de México y supuestamente reconoció que pertenece a una banda de plagiarios.

La madrugada del martes un joven de 25 años de edad fue secuestrado, por tres hombres y una mujer, quienes presuntamente lo trasladaron a una casa de seguridad en el estado de Hidalgo.

El hermano de la víctima reconoció más tarde la camioneta de su familiar y pidió apoyo a pobladores, que retuvieron la unidad, junto con dos hombres y una mujer.

Una muchedumbre de más de 500 personas, rodeó y comenzó a golpear a los presuntos secuestradores.

Manzur Quiroga reiteró que los 18 pobladores de Atlatongo fueron liberados debido a que no fueron detenidos en flagrancia, por lo que no hubo pruebas de que participaron en el linchamiento.

El procurador Alejandro Gómez Sánchez afirmó que el linchamiento no es un delito, lo que existe es el homicidio y lesiones, apuntó el funcionario, quien descartó dar cifras sobre el número de casos registrados en el estado de México, donde pobladores han intentado hacerse justicia por propia mano.

La Constitución faculta a la ciudadanía realizar detenciones cuando existe flagrancia, pero los detenidos deben ser puestos a disposición de la autoridad más cercana, que a su vez debe presentarlos ante el Ministerio Público, para que se defina su situación legal, apuntó el procurador mexiquense.

Hasta el momento los cuerpos de la mujer y el hombre, presuntos secuestradores, aún permanecen en el servicio médico forense de la PGJEM, donde ningún familiar se ha presentado a solicitar su entrega.

msl

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