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NAUCALPAN, Méx.— Presuntos empleados del Sistema de Administración Tributaria realizaron un embargo al colegio La Salle, en el fraccionamiento Boulevares, por un presunto adeudo de 15 millones de pesos, que de acuerdo al SAT este colegio debe cobrar de IVA por la expedición de títulos y certificados expedidos a sus alumnos, pero “nosotros no vendemos” estos documentos, informó Marcos Ferrari Pérez, director general de estos colegios.

En un acto prepotente y arbitrario personal del SAT, integrado por actuarios y 40 hombres, que fueron “forzados” a identificarse, porque argumentaban que no estaban obligados a hacerlo, irrumpieron el 28 de julio en la primaria La Salle, ubicada en Colina de Jades en Boulevares, cuando en el interior había más de un centenar de niños en curso de verano, indicó el director general de Operadora Colegios La Salle.

En un operativo de embargo que duró 10 horas, el cual terminó a las 2:00 horas del 29 de julio, el personal que se identificó como del SAT, se llevó mobiliario y pizarrones de cuatro salones, 32 computadoras y los archivos de calificaciones de la SEP de 400 alumnos, lo que además representa una violación e intromisión a la confidencialidad de datos personales, lo que ya es un delito federal, apuntó Ferrari Pérez, luego de denunciar este acto ante empresarios de la Coparmex Metropolina.

La Ley fiscal no establece que la expedición de certificados o títulos académicos generen IVA. La SEP y la UNAM emiten una cuota por la emisión de estos documentos con base a salarios mínimos, pero al SAT se le olvida que los colegios como La Salle “no vendemos títulos”, lamentó Ferrari Pérez.

El SAT notificó hace tiempo a colegios La Salle del requerimiento para el pago de IVA por todos los certificados y títulos expedidos durante los últimos cinco años, procedimiento “que atendimos y empezamos un trabajo fiscal para demandar su nulidad, porque este colegio no vende y mucho menos cobra el IVA por la emisión de cada certificado”, apuntó el directivo

“Pero sin aviso llegaron el martes 28 de julio, cuando había 120 niños de tres a cuatro años de edad, en el curso de verano”, quienes vivieron con sobresalto, angustia y llanto el embargo, especialmente un grupo de pequeños, que fueron desalojados de un salón por el personal del SAT, esto es lo que más nos molesta. No respetaron el acto educativo, no somos delincuentes”, por lo que el colegio acudirá ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Este embargo es improcedente, por ello impugnamos el acto, porque es arbitrario”.

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