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Toluca, Méx.— La Secretaría de Movilidad del gobierno del Estado de México despidió a diez inspectores del transporte público que operaban en el Valle de Toluca y encabezaban una red de corrupción que se dedicaba a la extorsión de taxistas, así lo informó el secretario de Movilidad, Isidro Pastor Medrano.

El funcionario estatal informó que se detectó que los inspectores  venían realizando supuestos operativos no autorizados, consistentes en salir muy temprano a la calle y “cazar taxistas”, muy cerca de la terminal de autobuses de esta ciudad.

De acuerdo al modus operandi que desarrollaban los ex servidores públicos, estos solicitaban cierta documentación a los taxistas, a quienes de inmediato mandaban al corralón si no recibían en el momento los papeles que les eran exigidos.

Pastor Medrano señaló, sin embargo, que lo más grave de esta situación era que cuando los ruleteros eran enviados al corralón, no se les levantaba ninguna acta ni se tomaba ninguna previsión sobre el estado en que ingresaban sus unidades.

De acuerdo con las declaraciones realizadas por los primeros cinco taxistas que se animaron a denunciar estas prácticas, los inspectores cobraban cuotas de entre cinco y 10 mil pesos por unidad retenida ilegalmente, lo cual, dijo el secretario de Movilidad del gobierno mexiquense, se había convertido para ellos en un “auténtico negocio” ilegal.

“Con su identificación que los acreditaba como inspectores del  transporte público mexiquense llegaban a las 7:00 de la mañana cerca de la terminal de autobuses, ubicaban a los taxistas y les decían ‘oye ya tienes las llantas lisas,  te falta esto o lo otro’,  y entonces al taxista espantado lo mandaban al corralón de Toluca y permitían estas tonterías, metían cinco o 10 vehículos, los dejaban ahí, no hacían inventario ni ingreso al corralón y les decían ‘tienes dos horas para conseguir dinero’”, explicó.

Refirió que paralelamente se está investigando los propietarios de los corralones a donde eran enviadas estas unidades, ya que estaban coludidos con los vigilantes, quienes tenían un acuerdo para recibir el dinero cuando regresaban los propietarios y liberar los vehículos”, señaló.

Dijo que, de los diez inspectores involucrados, cinco de ellos  ya se presentaron ante la Secretaría de la Contraloría, mientras que en los otros se están haciendo las investigaciones correspondientes.

En la secretaría los inspectores  del transporte que incurrieron en estas anomalías enfrentan procedimientos administrativos que podrían derivar en multas y sanciones que pueden ir desde la suspensión hasta la inhabilitación. Por lo pronto ya están fuera de la Secretaría de Movilidad que opera el transporte público.

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