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Tan sólo unas horas después de que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) suspendiera una obra en construcción en Arteaga y Salazar 770, en la delegación Cuajimalpa, los sellos de la sanción “desaparecieron” de la fachada del inmueble.
Verificadores adscritos al área central del instituto acudieron al predio en la colonia Contadero a realizar una verificación poco antes del mediodía de ayer y colocaron sellos de suspensión de actividades, debido a que no se les permitió el acceso, comentaron vecinos de la zona.
El Invea informó que la suspensión se derivó de una verificación en materia de uso de suelo al inmueble y en respuesta a una denuncia ciudadana sobre irregularidades en el predio.
Sin embargo, “cerca de las 15:00 horas vimos que ya no había sellos e informamos al Invea”, comentó el vecino Bernar Flores.
Los colonos de la asociación civil ProContadero también expresaron su molestia por el retiro "mágico" de los sellos e informaron vía Twitter al gobierno capitalino sobre el hecho.
La obra de Arteaga y Salazar 770, a cargo de InmobiliAyya, incurrió en violaciones a la aplicación de la norma 26 que incentiva la producción de vivienda de interés social, pero en su lugar se construyen departamentos de lujo, según documentó la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) en una resolución en 2014.
Este diario informó el pasado 28 de febrero que la obra continuaba a pesar de que el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo (TCA) amonestó a los desarrolladores para exigir que detuvieran los trabajos, o de lo contrario se aplicarían medidas de apremio con base en las facultades del tribunal.
La amonestación se emitió luego de un recurso de inconformidad del particular que, en una primera instancia consiguió que se levantara una suspensión a la obra impuesta en octubre del año pasado, decisión que la PAOT reclamó y consiguió que el tribunal pidiera de nuevo el cese de las obras.
Tanto la procuraduría ambiental como la secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda han promovido juicios contra la obra, además, PAOT y la delegación Cuajimalpa presentaron un par de denuncias penales debido a la continuación de labores de construcción y para que se investigue si hay violaciones a la norma 26, respectivamente.
Entre las irregularidades detectadas por la procuraduría ambiental, se encuentran la preventa de los departamentos en más de 1.7 millones de pesos, con superficies por arriba de 77 metros cuadrados, cuando la norma 26 sólo permitía vender vivienda popular a un precio máximo de 709 mil pesos.
Además, aunque la norma 26 fue suspendida en agosto de 2013 por abusos de los desarrolladores, la Seduvi dio en marzo y diciembre de aquel año certificados de uso de suelo para aplicar los beneficios del ordenamiento en Arteaga y Salazar 770; el último documento autorizaba la edificación de hasta 71 viviendas con área máxima de 65 metros cuadrados.
ahc
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