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Gracias a una denuncia anónima, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) rescató a 22 mujeres que supuestamente eran explotadas sexualmente en dos bares que operaban impunemente en la delegación Xochimilco, las víctimas son originarias de los estados de Guerrero, Nuevo León y Veracruz y según las quejas, las obligaban a “fichar”, por lo que recibían de ganancia hasta un peso por copa.

Gracias a esto, se logró la consignación de seis probables responsables, entre ellos el propietario y el socio de ambos negocios, por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, según la dependencia investigadora, el primer dispositivo fue en un establecimiento de la colonia Barrio San Antonio de dicha demarcación, donde fueron liberadas 16 mujeres mayores de edad y se detuvo a Lucio “N”, dueño de los bares, Ricardo “N”, socio de los bares, Eugenio “N”, encargado y mesero así como a Maribel “N” quien era la encargada de cobrar los “fichajes” y de repartir las exiguas ganancias.

El segundo despliegue de seguridad se realizó en un negocio de la colonia Barrio Xaltocan de la misma delegación, ahí se rescataron a otras seis mujeres y fueron detenidos; Eréndira “N”, cajera y Sergio “N”, encargado, quienes confesaron que los bares funcionaban igual; los meseros exigían a las agraviadas “fichar”; por cada copa que ofrecían al cliente, ellas se quedaban una cantidad, también debían realizar bailes privados y tener relaciones sexuales con los usuarios dentro o fuera de los negocios, éstos tenían que pagar por cada uno de los servicios, independientemente de lo que cobraba la víctima.

Como parte de las diligencias, los dos inmuebles fueron asegurados y peritos especializados en genética, criminalística y fotografía intervinieron para recabar elementos de prueba, mientras que a las 22 víctimas se les brindó atención médica y sus exámenes psicológicos resultaron con afectación, por lo que fueron canalizadas al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA), dependiente de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, donde se les proporciona orientación jurídica y apoyo psicológico, que incluye terapias cognitivo-conductuales, para que recuperen estabilidad emocional.

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