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En punto de las 6:00 horas de este lunes, trabajadores de la empresa TGC iniciaron la demolición del edificio de tres plantas ubicado en la calle Altavista 111 del sector de Santa Fe, en la delegación Cuajimalpa; inmueble ubicado sobre el talud que el mes pasado comenzó a desgajarse y por el que desalojaron a 116 personas del residencial Vista del Campo que habitaban tres de las cinco torres que lo conforman.

Con la coordinación de personal de Protección Civil del gobierno capitalino y poco más de 200 granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública, que impidieron el acceso a cualquier persona, incluso al propietario de la vivienda, Arturo Rosette, los empleados de la empresa especializada ingresaron con mazos, martillos y maquinaria ligera para desmantelar la tubería, ventanales y parte de la estructura.

Según explicó Manuel Granados Covarrubias, consejero Jurídico del Gobierno del DF, después de este proceso ingresará maquinaria pesada para demoler en su totalidad el edificio, todo esto en un lapso de seis semanas, tiempo en el cual también se estabilizarán tres puntos del talud para reforzarlo y evitar que se siga desgajando, para que los habitantes del complejo habitacional puedan regresar a sus viviendas en un plazo máximo de seis meses.

“Luego de que el gobierno capitalino recibiera los estudios definitivos de mecánica de suelos empezaron los trabajos formales para la reparación del área dañada del talud y la recuperación de las vialidades afectadas. Este proceso durará seis semanas y se hará sin poner en riesgo a los habitantes de Santa Fe ni a los empleados que harán el trabajo”, detalló el funcionario en entrevista antes de iniciar la demolición.

“En este caso, el gobierno capitalino apoya a la autoridad delegacional para que se pueda realizar esta obra, que busca evitar un accidente mayor y que se beneficien los habitantes afectados, el propietario del predio esté en todo su derecho de seguir el proceso penal; sólo hay que dejar en claro que ya se le revocó el amparo y por eso la autoridad del Distrito Federal, en este caso, entró en acción”, explicó el funcionario, quien comentó que Arutro Rosette adeuda un millón de pesos en predial a la administración capitalina.

Situación legal. Sobre la cuestión legal del predio, Manuel Granados Covarrubias explicó que en la procuraduría capitalina existen dos denuncias en contra del propietario, por lo que el particular y dueño de la vivienda será quien cubra los gastos derivados de la demolición del inmueble.

En caso de que no cuente con los más de 16 millones para demoler la casa y estabilizar el talud, se le otorgará un crédito fiscal para que solvente los gastos: “Lo que se busca es preservar el patrimonio y la integridad de los habitantes de los departamentos, hay que recordar que desde 2010 se colocaron los sellos de clausura en el inmueble porque se hizo de manera ilegal”.

Protección Civil informó sobre el desalojo de 116 personas que habitaban en tres de las cinco torres que conforman la zona residencial.

Los que fueron desalojados corresponden a los edificios cinco, cuatro y tres, que se encuentran cerca de la zona de riesgo. Es de mencionar que cada edificio cuenta con 28 departamentos, más las áreas de estacionamiento. Actualmente 84 viviendas están vacías y sus propietarios deberán aportar para la reparación del talud.

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