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Desde 2015 hay una disputa legal por la administración de la plaza comercial Pino Suárez, que tiene 402 comerciantes; María Isabel Martha Chavarría exigió al gobierno capitalino ser reinstalada como titular, conforme a la determinación de un tribunal colegiado.

En medio de la guerra de amparos, entre los liderazgos de los comerciantes, han quedado los partidos PRD y Morena, dijo.

Chavarría aseguró que desde 1993, cuando se abrió la plaza situada en un predio público, fue nombrada para encabezar a los comerciantes y, en una última asamblea en 2014, “se me ratificó por cinco años”.

En conferencia de prensa, acompañada por el diputado local de Morena Alfonso Suárez del Real, la comerciante criticó que líderes del PRD y funcionarios del gobierno local quieren hacer ver el problema como un pleito familiar, pues su hermana Esther Martha Chavarría es quien quedó al frente de la plaza.

El conflicto surgió cuando, el 3 de noviembre de 2015, se dio a conocer un nuevo Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) para explotar el espacio comercial, el cual se emitió a favor de la fundación Benita Chavarría A.C., cuya representante es Esther.

Tanto María Isabel como el diputado Suárez del Real acusaron que el permiso se emitió en fast track, “al vapor” y sin tomar en cuenta las asambleas de comerciantes para nombrarla administradora. La líder arremetió contra el ex diputado constituyente del PRD, Roberto López, por la firma de ese PATR.

A partir de ello, con fuerza pública se le quitó la administración; sin embargo, interpuso un juicio de amparo y obtuvo una resolución favorable de un juez, que ordenó dejar insubsistente el acuerdo que resolvía privarla de la posesión del cargo, “toda vez que no fue oída ni vencida en juicio”, explicó el abogado Iván Estrada.

Señaló que un tribunal colegiado desechó el recurso de revisión presentado por las autoridades; el 2 de junio pasado, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa emplazó a las autoridades a restituir a la demandante y también requirió al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a ordenar a sus subordinados cumplir la sentencia.

Aunque María Isabel señaló que se trata de “un conflicto de colores partidistas”, el diputado Alfonso Suárez del Real puntualizó que Morena no busca confrontar a un grupo con otro, sino exigir al jefe de Gobierno cumpla con la resolución del juez.

Aclaró que los comerciantes que la apoyan siguen dentro de la plaza, pero han sufrido robos de sus artículos y se les quiere cobrar “un cargo por predial que es inexistente”.

María Isabel también encabeza a ambulantes instalados afuera del centro a y sobre Izazaga; dijo que no interferirán con las obras de rehabilitación de la plaza pública del Metro Pino Suárez.

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