Defienden ex constituyentes validez de consulta indígena

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Los ex diputados constituyentes Jesús Ramírez Cuevas y Nelly Juárez Laudelo acudirán hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para responder a los cuestionamientos sobre la supuesta ilegitimidad en la consulta indígena realizada en el marco de la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México.

Después de que la Procuraduría General de la República (PGR) interpusiera una acción de inconstitucionalidad, al sostener que la consulta organizada por la Asamblea Constituyente no cumplió con los estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la OIT, los ex constituyentes reafirmaron que sí se hizo conforme a la ley y así lo harán valer.

Ramírez y Juárez, quienes integraron la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Asamblea Constituyente, dijeron que entregarán un documento sobre la consulta para que no queden dudas.

El 7 de marzo de este año, la PGR presentó la acción de inconstitucionalidad contra 39 de los 71 artículos que conforman la Constitución de la Ciudad de México, además de cuestionar el proceso de consulta que la comisión llevó a cabo de diciembre de 2016 a enero del presente año.

Según la PGR, la consulta no atendió tampoco la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Debido a que hace unas semanas la Suprema Corte reconoció a la Asamblea Constituyente como la autoridad para responder a controversias y que el ministro Javier Laynez Potisek emplazó a dicho órgano a responder y presentó un plazo de 15 días, los ex constituyentes presentarán un Amicus curiae (amigo de la corte) para dar respuesta a los cuestionamientos.

La Asamblea Constituyente estaba obligada a consultar a casi 300 pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México respecto al contenido de la Carta Magna local; sin embargo, el tiempo, la definición de una metodología, la falta de recursos y la cantidad de comunidades a consultar convirtieron el ejercicio en uno de los retos más complicados para sacar adelante el texto constitucional.

En la capital del país hay por lo menos 292 representaciones de estos grupos de población, de los cuales 143 son pueblos, 91 barrios originarios y al menos 52 asociaciones de comunidades indígenas. Todas suman más de 3 millones de habitantes, de acuerdo con datos del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios.