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Diputados de la Asamblea Constituyente trazaron la ruta inicial para defender la Constitución Política de la Ciudad de México ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los reconoció como parte demandada en las controversias promovidas por diversas instituciones inconformes con el documento.

Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, explicó que un equipo jurídico así como varios ex diputados, han trabajado en las últimas semanas para que, después de ser notificados, presenten un informe a la Corte en el cual se argumente a favor de cada uno de los contenidos impugnados.

“Ahorita nos reconocieron para la defensa ante las controversias. Vamos a hacer mayores precisiones sobre el articulado de pueblos y comunidades indígenas, sobre los trabajos de la Conferencia de Armonización, daremos una respuesta solvente”, aseguró.

Ayer hubo una primera reunión entre constituyentes a la cual acudieron Porfirio Muñoz Ledo, del grupo constitucionalista; Bernardo Bátiz y Javier Quijano, de Morena, así como Dolores Padierna, del PRD; se convocará en los próximos días a las demás bancadas, aclaró Encinas Rodríguez.

Otro paso de la defensa constituyente será que los diputados integrantes de la comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, elaborarán un recurso legal amicus curiae para argumentar la legitimidad del articulado en esta materia.

Agregó que realizarán más foros informativos y buscarán a los ministros de la Corte para exponer en audiencias que la Constitución se apegó a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero al mismo tiempo se basó en tratados internacionales y el principio propersona de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.

Por separado, Mauricio Tabe, ex constituyente del PAN, aseguró que tienen “una argumentación sólida” para defender el texto local y “blindarán” los avances del mismo, como las alcaldías y la ampliación de derechos.

La Constitución local fue aprobada por los constituyentes el 31 de enero y el 5 de febrero fue publicada, ante lo cual surgieron siete impugnaciones, de las cuales una de la Procuraduría General de la República cuestiona prácticamente todo el texto.

Sobre el tema de comunidades indígenas, Padierna recordó que el gobierno capitalino, parte también demandada, dio una buena respuesta de defensa, pero faltó justo esta materia, la cual es cuestionada por la PGR, a lo cual Alejandro Encinas dijo que se comprobará que hubo más de 943 asambleas que garantizaron el derecho de audiencia de los pueblos.

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