Oralidad. Lenta adaptación al nuevo Sistema Penal

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Día a día en los juzgados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México, jueces, ministerios públicos y abogados defensores enfrentan dificultades para aplicar el nuevo Sistema Penal de Justicia cuyo eje rector es la oralidad y el pasado 18 de junio tuvo vigencia plena. La incorrecta integración de una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público (MP); que los defensores leen el expediente en lugar de exponerlo y que el juez, quien antes revisaba un caso a través de miles de fojas ahora debe dar una respuesta inmediata y bien fundamentada son parte de los retos que desde hace nueve meses se viven en los juzgados de la capital.

Para José Antonio Mirón Reyes, subprocurador jurídico de Planeación de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina, los ministerios públicos, peritos y policías de investigación se siguen adaptando al nuevo esquema; por ello, han realizado conversatorios entre la PGJ y el TSJ donde analizan la problemática para mejorar la situación.

Gilberto Santa Rita, especialista en Derecho Penal de la Universidad Iberoamericana, consideró que el Ministerio Público no ha tenido la capacitación suficiente, pues sigue integrando carpetas de investigación como si fueran averiguaciones previas, “lo que genera que en lugar de progresar, el MP está teniendo los mismos vicios que en el sistema anterior”.

En una audiencia oral el ministerio público tiene que explicar los sucesos y hacer la imputación del presunto responsable, todo de una forma precisa y rápida, algunas de las fallas que se han presentado es que al estar acostumbrados a que su participación sea totalmente escrita, a veces la representación social intenta sólo leer la carpeta de investigación, cosa que ha llamado la atención de los jueces y en algunos casos el juez les pide que dejen de hacerlo y expongan las pruebas de forma concreta.

“El cambio ha representado que el MP tenga que ir adaptándose al nuevo esquema, a veces la intervención ministerial representaba una participación muy amplia por escrito en toda su intervención; ahora ya no es así, hay veces que en promedio una audiencia no debe durar más de 45 minutos, entonces el Ministerio Público debe ser muy preciso y eso se ha venido mejorando; las primeras audiencias duraban hasta tres horas y ahora van de una hora o menos”, explicó el subprocurador Mirón Reyes.

Santa Rita dice que al no saber argumentar a viva voz, se puede creer que el MP muestra cierto temor a enfrentarse con los abogados y a ser oído por los jueces, por ello buscan una forma de confort al leer los argumentos en lugar de esgrimirlos debidamente, lo que genera que no haya convencimiento por parte del juez.

Al no convencer el Ministerio Público al juez, éste en algunas ocasiones ha dado un fallo absolutorio a los imputados, dejándolos en libertas, por ende el trabajo del MP se ha señalado como fallido, incluso algunas organizaciones sociales se han manifestado en su contra, como en el caso del conductor de transporte público que el 17 de noviembre de 2015 atropelló y mató a Montserrat Paredes Alva, una joven ciclista que circulaba en una Ecobici sobre Reforma; en ese caso la juez Belem Bolaños emitió una sentencia absolutoria por falta de presentación pruebas contundentes del Ministerio Público.

Otro de los casos que llamó la atención sobre el trabajo del Ministerio Público fue el de la liberación de Francisco Javier Hernández Gómez, Pancho Cayagua, a quien autoridades señalan como el principal líder del Cártel de la Unión de Tepito, luego de que en audiencia el juez que tenía el caso explicó que no se encontraron los elementos suficientes para procesarlo por dos homicidios que se le imputaban.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Édgar Elías Azar, señaló que estos resultados no significan que haya fallas en el sistema, sino que funciona y pone en primer plano la presunción de inocencia respaldando las garantías de detención.

“Debemos de saber que no todos los casos que presenta el Ministerio Público los gana y no todos se judicializan —el término se refiere a que no todos los casos son llevados ante un juez, sino que se resuelven ante en las unidades de mediación que se establecieron en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio—, hay investigaciones en donde no se encuentra la forma de comprobar la responsabilidad de alguien ni siquiera presuntivamente para poderlo pasar con el juez. El hecho de que se absuelva a un imputado nos debería dar gusto, porque sí hay el principio de presunción de inocencia y lejos de molestarnos con la procuraduría deberíamos de aplaudirla”, explicó el presidente del Tribunal Superior de Justicia local.

El magistrado detalló que continúan analizando el funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio, en el caso del TSJ se ha tenido que regresar al sistema tradicional a dos jueces y unos más está en ese proceso, pues no entienden el diálogo judicial, por lo que también se les capacita otra vez, lo mismo ocurre con el personal de la PGJ que aún no se acopla completamente en el tema.

“Están fallando muy mal, no entienden el diálogo judicial, no resuelven, no improvisan una respuesta correcta y bien fundamentada, es gente que no va a servir para el sistema oral, entonces los errores nuestros nos los señala la procuraduría y nos ayuda para analizar en lo que estamos fallando, de igual forma nosotros damos la opinión a procuraduría”, precisó.

Destacó que de más de un centenar de jueces que ya están trabajando en el nuevo Sistema de Justicia Penal, sólo tres han fallado, en el mismo porcentaje se encuentra el personal de la procuraduría capitalina, por lo que consideró que se debe dejar respirar más tiempo a este sistema para tener mayores resultados.

De acuerdo con estadísticas de la Coordinación de Información Pública y Estadística del Poder Judicial de la Ciudad de México, hasta diciembre de 2016 ingresaron 7 mil 283 carpetas al TSJ, de las cuales 6 mil 105 corresponden a carpetas judicializadas por la PGJ y las restantes mil 178 son exhortos, medidas de protección, medidas cautelares, acciones privadas, etc.

Del total de las carpetas de investigación, sólo en 4 mil 862 casos ha habido algún detenido, en 4 mil 518 se ha declarado la legalidad de la detención y la no legalidad, en 352; sólo tres casos han logrado sentencia absolutoria.