Tumbarán mil 663 árboles por viaducto

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La construcción del Viaducto La Raza-Indios Verdes-Santa Clara contempla cortar mil 663 árboles, de ellos 77 están en riesgo de extinción.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental realizada por Covive, concesionaria del Viaducto Indios Verdes, la especie que presenta mayor afectación es la causarina, de la que se derribarían 349 individuos. Ejemplares de cedro y colorín también serían dañados, ambas especies se encuentran dentro de alguna categoría de riesgo de extinción con estatus de protección.

El estudio identificó 28 impactos ambientales en la zona por donde cruzará el viaducto, entre ellas destacan afectaciones a la calidad del aire por la generación de gases contaminantes por el empleo de maquinaria en la etapa de construcción, pérdida de suelo por los trabajos de excavación, afectación al flujo y drenaje por la construcción de obras hidráulicas, afectación a la diversidad de especies de fauna por las emisiones de ruido, gases y contaminantes.

A pesar de ello, el documento propone medidas de mitigación para atenuar el impacto ambiental, que incluye desde el mantenimiento efectivo a la maquinaria para reducir emisiones contaminantes, hasta la compensación de 40 mil metros cuadrados de áreas verdes que incluye la restitución de 5 mil 526 árboles.

Obra sin admitir. El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Édgar Tungüí Rodríguez, informó que todavía no han aprobado el proyecto del Viaducto La Raza-Indios Verdes-Santa Clara; hasta el momento sólo se han desarrollado un par de reuniones con la Federación, explicó.

“La que nos han presentado apenas es un trazo, todavía no es un proyecto ejecutivo como tal y en ese sentido sí queremos ser muy claros, hasta que no tengamos un proyecto ejecutivo sobre la mesa no podremos evaluar de qué nos están hablando ni el impacto”, afirmó el secretario de Obras durante su comparecencia ante diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.

Tungüí Rodríguez abundó que han solicitado a la Federación, a través de la Secretaría de Movilidad (Semovi), estudios de tránsito, simulaciones viales, así como todo lo que conlleva la realización del proyecto, con el objetivo de que el gobierno capitalino identifique un beneficio real para la ciudad y sus habitantes. “En tanto no lo tengamos, ni siquiera nos atrevemos a sentarnos con los vecinos a decirles ‘este es el proyecto’”.

De acuerdo con el funcionario, existe un convenio marco de colaboración entre el Gobierno de la Ciudad y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el cual establece que la dependencia federal debe someter a consideración de la ciudad dicho proyecto, así como todos los permisos que se requieran.

“Entonces primero vamos a ser muy exigentes como gobierno de que se hagan bien las cosas, que tengamos el proyecto ejecutivo y después entraremos con el tema de la gestión y podremos ver en qué momento lo tendremos que bajar a la mesa para poderlo discutir con los vecinos”.