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La creación de una caja de ahorro conformada por aportaciones voluntarias hechas por funcionarios de la delegación Cuauhtémoc no es procedente pero tampoco ilegal, informó el contralor General de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico.
Durante su comparecencia ante el pleno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México explicó que la Ley Orgánica no otorga facultades para administrar cajas de ahorro, mientras que las condiciones generales de trabajo prohíben a los trabajadores dentro o fuera de sus horarios hacer préstamos con intereses a sus compañeros o cualquier acto de comercio.
“Se considera que jurídicamente no es procedente la generación de cajas de ahorro por parte de la delegación (…). No importa que haya sido un pronunciamiento de campaña. Siendo servidor público, en estricto cumplimiento al principio de legalidad, tienes que hacer lo que la ley determina únicamente”, sentenció el funcionario.
Sin embargo, dijo, que la creación de la caja de ahorro no es ilegal si se realiza entre particulares e igualdad de pares; pero, acotó, podría ser irregular si se realiza entre alguien de supra y subordinación en la administración pública.
En días pasados EL UNIVERSAL dio a conocer la creación de la caja de ahorro de la Cuauhtémoc; de acuerdo con la Dirección General de Administración de la demarcación no existe ningún fundamento que prohíba la creación de la caja de ahorro, pues es una donación voluntaria.
El diputado perredista Iván Texta Solis solicitó realizar una investigación a los 355 funcionarios que aportan a esta caja de ahorro.
Por otra parte, la Contraloría General descartó llevar a cabo una investigación al delegado de Cuauhtémoc por el caso del ex director Jurídico y de Gobierno de la demarcación, Pedro Pablo de Antuñano, quien fue detenido por portar 600 mil pesos en efectivo.
Pero, dijo, sí lo ha citado para declarar, pero no ha acudido. Por eso es que se le enviarán oficios de apremio o incluso, advirtió, podría levantar una multa a Ricardo Monreal.
El contralor comentó que continúa la indagatoria a De Antuñano, por lo que no descartó que pueda ser inhabilitado para trabajar en la Administración Pública local. Precisó que la investigación sobre el origen de los 600 mil pesos es competencia de la procuraduríca local y la Contraloría inició una investigación de oficio por la posible responsabilidad administrativa del ex funcionario de la Cuauhtémoc.
Sobre las declaraciones hechas por Monreal acerca de que la Contraloría es una oficina del PRD, Rovelo dijo que las investigaciones no son de carácter personal. En el caso de Zuleyma Huidobro, directora de Jurídico y Gobierno de la delegación, confirmó que hay una investigación en la PGJ por el supuesto delito de usurpación de funciones, pero administrativamente no hay impedimento para que asuma el cargo.
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