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Más de 25 mil comerciantes podrían regresar a las calles de la zona Centro si el Gobierno de la Ciudad de México aplica, antes de tiempo, el vencimiento del Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) otorgado durante la administración de Marcelo Ebrard, alertó la organización Nuevo Grupo de Comerciantes Ambulantes Democráticos del Centro.

En entrevista, Mayolo Juan Martínez, presidente de esta organización, pidió al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, una explicación sobre el retiro de este permiso a por lo menos 38 predios que son utilizados como plazas comerciales desde 2007 y que se ubican en la delegación Cuauhtémoc. Quieren saber si se les volverá a elaborar un contrato para ocuparlos.

“Otra vez nos engañaron, otra vez violaron nuestros derechos como comerciantes, son 10 años, es muy cierto, hace 10 años no los dieron, pero nosotros ¿volvemos a salirnos a las calles? Es una pregunta que le hacemos al jefe de Gobierno, además no tendría que ser hasta 2017”, expresó Martínez.

Aclaró que los vendedores informales no buscan pelea porque están conscientes de que los predios son de las autoridades, por lo que advirtió que así como firmaron un documento en 2007 durante la pasada administración lo mismo esperan o de lo contrario regresarán a la vía pública.

“Yo como indígena no sabía que significaba la palabra revocable, hasta ahora que se ha dicho que se quitarán antes de tiempo [...] Nos prohibieron que vendiéramos piratería y se está cumpliendo, entonces ¿no se qué está ocurriendo?”, aseguró el presidente de la organización.

Recordó a las autoridades que al ocupar estos predios no se les está regalando nada porque se hacen aportaciones a Hacienda con el pago de agua, luz y todo lo que estipula el PATR.

“Por respeto merecemos una explicación, o ¿acaso nos dan a entender que el reordenamiento sólo dura 10 años? Muchos desconocemos las leyes y por no tener un asesor en esa época firmamos al vapor para evitar un derramamiento de sangre”, manifestaron los informales.

Los comerciantes populares no asalariados aclararon que entregarán a la Secretaría de Gobernación y al Senado de la República un documento para solicitar que al artículo 123 Constitucional se pueda agregar un inciso para que ellos sean tomados en cuenta con el propósito de adquirir derechos y obligaciones.

Argumentaron que como sector social, a nivel nacional, son la tercera fuerza económica y de empleo.

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