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julian.sanchez@eluniversal.com.mx
De la investigación realizada por órganos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), relacionada con la mala actuación de funcionarios de esa dependencia entorno al caso de abuso sexual a menores de la escuela de nivel preescolar Montessori Matatena, derivaron nueve recomendaciones, entre las que destacan el cese de funcionarios, así como revocación de autorización para prestar servicios educativos.
Con ello, dar atención sicológica a niños y padres, colaborar con las autoridades judiciales y establecer contacto con todos los miembros de la comunidad escolar, informó la SEP en un comunicado, donde se reitera que hubo ineficiencia, “clara la laxitud, falta de pertinencia, pericia, sensibilidad y oportunidad en el actuar de los servidores públicos competentes”.
Paralelamente, se recomienda “diseñar y poner en operación sistemas y procedimientos de prevención oportuna, denuncia y atención inmediata en casos en los que se presuma el abuso de menores, tanto para instituciones públicas como privadas, así como un sistema de alerta temprana que detecte a alumnos en riesgo con necesidad de apoyo especial para el desarrollo de sus habilidades sociales y emocionales”.
En el comunicado se expone que en atención a la instrucción del titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, se conformó un grupo en esa Secretaría integrado por las direcciones generales de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa y de Acreditación, Incorporación y Revalidación.
El objetivo fue “realizar una investigación rigurosa y exhaustiva, a fin de clarificar los hechos ocurridos en la escuela particular de nivel preescolar Montessori Matatena, deslindar responsabilidades correspondientes y establecer las medidas preventivas suficientes para que sucesos tan condenables como este no vuelvan a ocurrir”.
De la investigación se desprende que tanto la Dirección de Incorporación de Escuelas Particulares y Proyectos Específicos así como la Supervisión de la Zona Escolar 110 de la Administración Federal de los Servicios Educativos de la Ciudad, “no implementaron de manera oportuna ni eficiente medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de obligaciones en materia de protección y seguridad de los educandos”.
Respecto a las inspecciones, la Comisión Investigadora observó una debilidad en los instrumentos y criterios para llevarlas a cabo, ya que no consideran aspectos fundamentales en la operación de los planteles relacionados con el actuar de los prestadores del servicio y su interacción con los alumnos, lo cual es más grave aun tratándose de menores en edad preescolar.
El informe referido incluye nueve recomendaciones “para atender este indignante caso” y brindar todo el apoyo a los menores y a sus familias, y plantea establecer mecanismos para mitigar las posibilidades de que suceda nuevamente y asegurar que la reacción de las autoridades educativas sea eficiente, rigurosa y oportuna en el futuro.
Entre las recomendaciones se destaca que se informe a la Secretaría de Educación capitalina y de las autoridades ministeriales y judiciales los hechos que han sido objeto de denuncia penal y brindar toda la cooperación, información y coadyuvancia a la Procuraduría General de Justicia local para la investigación respectiva y su procesamiento en tribunales conducentes.
Paralelamente, solicita proporcionar información a las autoridades educativas estatales de toda la República a fin de evitar que los propietarios y directivos de dicha escuela puedan operar servicios educativos en todo el país con ese nombre o con cualquier otro.
Como último punto, se establece informar en un plazo de 30 días a la sociedad las acciones realizadas para cumplir estas recomendaciones.
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