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Recortes presupuestales a órganos electorales: ¿austeridad o debilitamiento?

17/01/2019
02:16
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Para la plena satisfacción de las elecciones con integridad, es necesaria la creación de organismos electorales competentes, que cuenten con independencia de gestión en los procesos electorales, a fin de brindar certeza y confianza (Profundizando la democracia. Fundación Kofi Annan. 2017). Esto significa que deben contar con los recursos suficientes para realizar sus actividades, de manera autónoma e independiente.

La austeridad, entendida como eficiencia, es decir, lograr más con menos, es obligada. Sin embargo, recortes al presupuesto que afectan la operatividad y los proyectos estratégicos de las autoridades electorales, significa su debilitamiento. Defender al INE y a los organismos locales electorales, significa defender a nuestra democracia.

La Cámara de Diputados y los congresos locales han recortado, de manera irracional, los presupuestos del INE y de la inmensa mayoría de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLE´s). Pese a los esfuerzos del INE por ajustar su presupuesto en comparación con años anteriores (34% respecto de 2018 y 5% menos que en 2017), la Cámara de Diputados decidió recortarle 950 millones. Esto sin tomar en cuenta que el 89% estaba destinado a las actividades esenciales permanentes del instituto (credencialización, apoyos a la organización de elecciones locales, integración de casillas, fiscalización de recursos, administración de tiempos en radio y televisión, etcétera).

A nivel local, el recorte a los presupuestos de los OPLE´s es grotesco, por decir lo menos. Solamente en 4 entidades (12%) sus Congresos aprobaron el monto solicitado (Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán y Veracruz). Hay casos preocupantes, como el de Chiapas que tuvo una reducción de su gasto operativo del 138%, Morelos el 65.8% y Guerrero un 61%.

No se trata exclusivamente de números. Lo que está detrás de estas decisiones, es que las autoridades electorales tienen que solicitar y gestionar recursos adicionales, pero ahora a los Poderes Ejecutivos, es decir ala SHCP y a las secretarías de finanzas de los estados. No será la primera vez que, sobretodo a nivel local, se ejerza presión política, a cambio de las ampliaciones presupuestarias. En consecuencia, se está minando su autonomía e independencia.

El debate sobre la independencia de los organismos electorales no es nuevo, todo lo contrario. México optó por un modelo de instituciones electorales fuertes e independientes. Primero se logró la autonomía, luego se expulsó a los representantes del poder ejecutivo de su integración, se ciudadanizaron, y finalmente, se les quitó el voto a los representantes de los partidos políticos. Pero después de años de debate y de innumerables propuestas, que iban desde el fortalecimiento hasta la desaparición de los OPLE´s, el famoso “pacto por México”, logró un híbrido que, más que fortalecer la independencia, agudizó la dependencia y la presión política: Se trasladaron cuando menos 74 nuevas atribuciones al INE, se redujeron las competencias de los organismos locales, pero sus presupuestos los siguen aprobando los congresos locales, y la designación de sus integrantes quedó a cargo del INE, pero con la participación de los partidos.

Los políticos no aceptan, ni la autonomía ni independencia de los organismos electorales. Todavía existen leyes locales que prevén que institutos el Congreso designe a Secretarios Ejecutivos y Contralores (INE también en el caso del Contralor).

La solución es diseñar un mecanismo legal que no permita a los congresos “especular”. Una propuesta que ya ha estado sobre la mesa de reformas electorales en múltiples ocasiones, es la definición de un porcentaje fijo del PEF y del presupuesto de egresos de cada entidad). Asimismo, destinar los recursos de las multas que se impongan a los partidos (cientos de millones de pesos por violar la ley), a las propias autoridades electorales.
Cuando en unos meses no haya recursos para actualizar el padrón y listado nominal, se culpará al INE. Si los módulos dejan de expedir credenciales para votar y después de largas filas no se entreguen, será culpa de la institución, y dirán que ya no sirve. Si no existen los recursos para capacitar funcionarios e instalar casillas para las elecciones de este año, se dirá que la institución claudicó. En el ámbito federal, este año se les destinará cerca de 5 mil millones de pesos a los partidos políticos, además del financiamiento local que reciben (3% de su financiamiento público ordinario). No se les puede reducir el monto porque se trata de una fórmula que está en la Constitución y en las leyes.

¿Austeridad o debilitamiento? Lo dejo a su reflexión.

María del Carmen Alanís
Investigadora invitada en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Directora de UNAM-Boston. Integrante de la Iniciativa de Integridad Electoral de la Fundación Kofi Annan. Ex magistrada...

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