Cumbre sobre trata y crimen organizado

Los pasados días 9 y 10 de noviembre se llevó a cabo en El Vaticano la Cumbre de Juezas y Fiscales sobre Trata de Personas y Crimen Organizado, a la que siguiendo los deseos del Papa Francisco, convocó el obispo Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, con el propósito de intercambiar experiencias y mejores prácticas en la lucha contra estos flagelos que azotan a la humanidad.

En esta ocasión, la Cumbre congregó a más de 100 juezas y fiscales de más de 30 países, que a lo largo de 2 días de intensivos trabajos, expusieron la situación que priva en cada una de sus naciones y las acciones para combatir estos delitos que cada día cobran un mayor número de víctimas en todo el mundo.

Por parte de México, acudimos la ministra Norma Lucía Piña Hernández, Juana Camilla Bautista Rebollar, fiscal para la Atención del Delito de Trata de Personas de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y una servidora.

La ministra Piña Hernández, con un interesante enfoque, expuso el tema de la trata frente al fenómeno migratorio en México, resaltando la necesidad de implementar políticas públicas de alcance regional.

En tanto que la fiscal Bautista Rebollar puso énfasis en los logros concretos que en la materia se han alcanzado en esta ciudad.

Por mi parte, destaqué las acciones que en nuestro país se han realizado desde que en 2003 se ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niñas (Protocolo de Palermo).

Luego de la ley de 2007 que no rindió los frutos esperados, en 2012 se expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Tata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

La ley, en lo general, determina competencias y canales de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para la prevención, la investigación, la persecución y la sanción de la trata de personas; homologa en todo el país los tipos penales y distribuye competencias y formas de coordinación en materia de protección y asistencia a las víctimas.

Además, tipifica el delito de trata de personas y otros tipos especiales como esclavitud, explotación, corrupción de menores, pornografía y turismo sexual infantil, entre otros, y prevé un Fondo de Protección y Asistencia a la Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas, cuyo patrimonio se integra, entre otros recursos, con los bienes que sean instrumento, objeto o producto de los delitos previstos en la ley y que sean decomisados como resultado del ejercicio de la extinción del dominio, para la ayuda, asistencia y reparación a la víctima, uno a nivel federal y por cada estado.

Finalmente, destaca que la ley establece sanciones para los consumidores que a sabiendas contraten servicios de una persona para cualquiera de las finalidades que se tipifican en la ley.

A la par, existen otras acciones como el Programa para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018 y la creación de una Comisión Intersecretarial encargada de definir y coordinar la implementación de la política de estado en la materia, así como de diseñar y supervisar el funcionamiento de modelos únicos de asistencia y protección para las víctimas, posibles víctimas, ofendidos y testigos.

En suma, una legislación que cumple los más altos estándares internacionales y modelos de protección.

Por otra parte, propuse la adopción de un pacto, como un compromiso moral y de buena fe, para fortalecer la impartición de justicia frente a este fenómeno complejo, con el objetivo de establecer referentes generales al juzgar casos de trata, a partir de compartir nuestra experiencia en el ejercicio jurisdiccional y el intercambio de buenas prácticas, que a la postre permita la elaboración de un protocolo, como un documento universal, de carácter orientador y no vinculante, que coadyuve a la mejor impartición de justicia.

Si estamos frente a un delito que ha alcanzado una dimensión global, trascendiendo fronteras, ¿por qué no trascender como juzgadoras y fiscales, esas mismas fronteras, para hacer frente a su eficaz combate? Sin duda, la relevancia mundial de la Cumbre constituirá un paso adelante en la lucha contra estos aberrantes delitos.

Ministra de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación. @margaritablunar
mbluna@mail.scjn.gob.mx