Valorar la burocracia

El 26 de febrero de 1852, el navío de guerra británico Birkenhead vio su ruta frustrada cuando empezó a hundirse frente a la costa de Sudáfrica. Ante la catástrofe, el capitán ordenó que los niños y las mujeres se salvaran utilizando los escasos botes salvavidas. Frente a la mirada de los más de 600 soldados que encontraron la muerte en las entrañas del mar, solo unos pocos sobrevivieron. A partir de entonces, se fijó el estándar: niños y mujeres primero, el capitán sale al final.

En la administración pública federal, las cosas no parecen tener ese tono heroico. A los ajustes naturales de cualquier cambio de administración, se han sumado medidas de austeridad y disposiciones como la ley de salarios máximos. Estas han generado resistencias por parte de quienes han optado por el litigio frente a lo que consideran una vulneración de derechos adquiridos. Pero también han provocado el abandono de quienes no han querido, o no han podido, seguir en el barco de la administración pública.

Gracias a una solicitud de acceso a la información pública, se puede saber que del 1º de diciembre de 2018 al 30 de abril de este año, 19 mil 327 funcionarios salieron de la administración pública federal. Las instituciones con mayores reducciones son: el Servicio de Administración Tributaria con 2 mil 901 renuncias, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 2 mil 443, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con 948 y la Policía Federal con 516 trabajadores menos. Esta información no permite saber si se trata de posiciones estratégicas o si el capital humano es significativo. Tampoco se sabe si con estos cambios las instituciones podrán funcionar normalmente y brindar mejores resultados. Lo cierto es que se trata de instituciones que manejan áreas nodales para el funcionamiento cotidiano de la administración pública como lo es el presupuesto, la recaudación fiscal, servicios de salud y seguridad.

El drástico adelgazamiento institucional no ha obedecido a un diagnóstico de mejora, ni tampoco se ha visto reforzado con medidas de profesionalización que privilegien la experiencia, el mérito o el conocimiento. Por el contrario, el memorándum presidencial del pasado 3 de mayo ha rematado con nuevos ajustes. En él, se detallan trece medidas que incluyen la desocupación de plazas no autorizadas, la eliminación de asesores, la supresión de direcciones adjuntas y la reducción de entre 30 y 50 por ciento de los gastos. La aplicación a rajatabla de estos criterios a toda la administración pública federal han llevado al límite de la operación a instituciones como los centros públicos de investigación que por distintas vías buscan ejercer su independencia presupuestaria sin poner en riesgo su existencia. En otros casos, la “tropa burocrática” se enfrenta a jornadas extenuantes, con la exigencia de hacer más con mucho menos de lo que tenían antes. La desprofesionalización de la función pública deja al Estado en situación vulnerable. Lo peor sería naufragar antes siquiera de haber zarpado.

Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas