El clima político comienza a elevar la temperatura de cara a la sucesión presidencial del próximo año. Diversos actores políticos están cincelando ya su propia narrativa para explicar y legitimar lo que a ellos les gustaría que fuera el desenlace de las elecciones del 1º de julio. Llama la atención la insistencia con la que actores tan disímbolos e incluso antagonistas comienzan a utilizar la figura del Instituto Nacional Electoral tanto como ariete para combatir escandalosos actos de corrupción, como una suerte de chivo expiatorio para justificar anticipadamente diversos escenarios electorales en 2018.

Los recientes ataques al INE lo responsabilizan, entre otras cosas, de la pobreza endémica y la corrupción instalada en la administración pública. Las críticas al INE han acertado en su diagnóstico, pero han errado en el destinatario de su inconformidad. Por ejemplo, los casos de corrupción que han sido documentados y que involucran a la empresa brasileña Odebrecht deben ser investigados a fondo y en primera instancia por la Procuraduría General de la República. El INE deberá investigar con la misma diligencia cualquier denuncia que indique el uso electoral de recursos ilícitos. Pero su injerencia, para decirlo claro, estará por ley limitada al ámbito electoral.

Habría que recordarle a quienes quieren llevar a la hoguera pública al INE que el arbitrar la vida política del país, contrario a lo que sostiene un equivocado afán personalizador, no recae en los hombros de una sola persona, ni en 11 consejeros electorales o en la totalidad de la Junta General Ejecutiva o su Consejo General, sino en una estructura material y humana fundada en la experiencia de miles de personas que llevan 25 años organizando elecciones confiables en México.

A quienes plantean hacer de pegarle al árbitro un espectáculo deportivo nadie les pide silencio sino responsabilidad. La descalificación sobrada de adjetivos y escasa de argumentos marca la pauta en algunos segmentos de la opinión publicada que usan al INE como banquito para crecer unos centímetros su estatura moral.

Todos queremos una autoridad electoral fuerte y comprometida con la imparcialidad. Desvirtuar un delito como la compra y coacción del voto pidiéndole al INE que la castigue sin tener facultades para ello y contando con una Fiscalía especializada en la materia es un error. Mejor discutamos si el INE debe castigar otras prácticas indebidas en materia electoral más allá de las multas que ya se aplican por no reportar gastos de campaña o la posibilidad de impedir el registro de una candidatura que no haya presentado su informe de gastos o que incluso haya rebasado el tope de gastos de su precampaña.

Hay quien quisiera ver al INE como la fogata en donde los críticos del gobierno ponen a dorar sus bombones. Si las elecciones tienen como resultado la alternancia, el logro será a pesar del árbitro, pero si gana el partido en el poder lo hará gracias al árbitro. El silogismo tiene una sola salida y es que son las y los ciudadanos de este país los que hoy deciden quien gana y quien pierde en democracia. Si las condiciones externas a la competencia electoral (marginación social, pobreza, inseguridad) hoy han afectado la credibilidad del resultado de las elecciones, me parece que debemos mirar hacia el origen de estas condiciones y no solamente intentar paliar sus consecuencias electorales.

Tan sólo hace unas semanas la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Peschard, subrayó la necesidad de conceptualizar los delitos electorales como actos de corrupción en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Creo que ese debe ser el camino a seguir en lugar de inventar nuevos palillos chinos para que el INE se enfrente a un problema que si bien florece en lo electoral tiene sus raíces en un mal sistémico como la corrupción misma. Si ya reconocimos el problema con la creación del SNA, por qué no entrar al fondo del asunto desde ahora.

Investigador de la UNAM
y asesor de la Presidencia del INE

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