La siguiente narrativa corresponde a la reciente experiencia brasileña en su lucha contra la corrupción pública.

Luego del boom económico observado de 2003 a 2010 bajo el mandato de Luiz Inacio Lula da Silva, Brasil se consolidó como un principal exportador petrolero. Petrobras, empresa petrolera mayoritariamente estatal, fundada en 1953, se convirtió en 2008 —y hasta 2014— en la mayor empresa de América Latina. En 2010, Petrobras fue líder mundial en exploración y producción de crudo en aguas profundas. Al desplomarse los precios petroleros , en marzo de 2014, luego del festín de jugosos años que colocó al combustible en cotizaciones superiores a 100 dólares por barril, se detectó la compra efectuada dos años atrás de una refinería en Texas a precio alzado, relacionada con una investigació sobre lavado de dinero en Brasil, denominada Operación Lava Jato —Operación Lavado de Autos—. El primer soplón que abrió el cajón de Pandora fue el cambista Alberto Yousef, apresado en 2013. Posteriormente, el director de Petrobras, Paulo Roberto Costa, intermediario en dicha transacción, fue aprehendido, al tiempo que se descubrió una organización criminal dentro de la empresa. Costa delató a más de 40 políticos que recibían 3% de comisión sobre contratos firmados durante la última década. Fueron arrestados aproximadamente 30 ejecutivos de Petrobras y de las principales empresas constructoras del país, acusados de inflar el valor de contratos de Petrobras, para cubrir sobornos y canalizar recursos al gobernante Partido de los Trabajadores. El desvío estimado de recursos en dicho lapso ascendió a 3 mil millones de euros. Para octubre del 2014, habían sido condenadas 44 personas y 123 acusados formalmente en espera de juicio. El juez del caso Petrobras fue Sergio Moro —llamado héroe anticorrupción—, hoy ministro de Justicia de Brasil. Marcelo Odebrecht, “el príncipe”, nieto del fundador y presidente de la mayor constructora de América Latina que lleva su apellido, aparentemente intocable, se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria de 10 años por corrupción, lavado de dinero y asociación criminal. El expresidente Lula da Silva purga condena carcelaria por 12 años 11 meses por ocultación de patrimonio, lavado de dinero y la supuesta compra oculta de un departamento triplex en el litoral de San Pablo. El río revuelto llevó en 2016 a la destitución de la presidenta Dilma Rouseff por “crímenes de responsabilidad”. Michel Temer, sucesor de Dilma en la presidencia, luego de abandonar el poder ha pisado dos veces la prisión, acusado de desviar fondos de la empresa pública Electrobras Electronclear.

Ahora Odebrecht que llegó a tener 180 mil empleados hace 5 años —48 mil actualmente—, obligado a cubrir diversas multas, incluyendo 2 mil 300 millones de euros a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza, ha entrado en concurso de acreedores para evitar la bancarrota, por la fabulosa cifra de 11 mil 800 millones de euros. La constructora arguye que su crisis es momentánea y coyuntural. Lo cierto es que el destino de Odebrecht está sellado, luego de haber ocasionado la renuncia del presidente de Perú y la persecución de 3 expresidentes, uno estuvo en prisión, otro está fugado y el tercero, Alan García, se suicidó. Odebrecht está vetada en Panamá, ocasionó arrestos en Ecuador y es investigada en Colombia.

El exdirector de Odebrecht en México, Luis Weyll, asegura haber sobornado a funcionarios gubernamentales por 10 millones de dólares, específicamente a Emilio Lozoya, siendo coordinador de campaña de Enrique Peña y luego director de Pemex, proporcionando datos concisos de cuentas foráneas y montos. El Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, anticipó la pronta presentación del expediente del caso Odebrecht ante un juez federal. Cosas veredes.


Analista político

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