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Reingeniería constitucional: responsabilidades públicas

13/02/2018
02:11
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La narrativa de la corrupción cubre todos los espacios nacionales. Día a día se habla del tema para denunciar sus presencias y alcances. Su perenne y total sistemidad. En ese modo de contar las cosas, prácticamente ninguna conducta de los servidores públicos queda excluida. Estamos tan acostumbrados a escuchar sobre lo corrupto que somos y hemos sido, que ya no analizamos el discurso ni sus componentes. De a poco, se ha llegado a admitir que la corrupción está presente en todo lo público, que es realizada por todos, que tiene pocas posibilidades de ser superada y que, ahí donde esto sea posible, lo será por medio de castigos ejemplarizantes. Esta manera de contar las cosas tiene varias omisiones: el papel corruptor de los privados, la no participación de todos en el saqueo y sus posibilidades de superación y control. En este sentido posibilitador está construido el libro de Ana Elena Fierro Responsabilidad de los servidores públicos. Del castigo a la confianza (Fondo de Cultura Económica, 2017).

En el libro de la profesora Fierro se analiza lo que debe tenerse por corrupción, lo que hasta ahora hemos hecho para combatirla, los escasos resultados obtenidos y lo que habría que comenzar a realizar para combatirla. El hilo conductor está constituido por la distinción entre responsabilidad pasiva y activa (Bovens). Más allá de si las denominaciones satisfacen o no la pureza conceptual de los juristas, con la primera expresión alude al conjunto de instituciones que permiten castigar a un servidor público por apartarse de lo que las normas jurídicas le obligan a hacer. En este subconjunto están comprendidos los tipos penales y administrativos que definen los ilícitos, los procedimientos para determinarlos y las penas a aplicar. La responsabilidad activa se caracteriza, a su vez, por la manera de hacerse cargo de las consecuencias de todos los actos que conlleva el ejercicio de la función pública. Aquí no se alude al modo como debe actuarse para evitar ser sancionado, sino a cómo realizar las tareas encomendadas del modo más amplio y eficiente posible.

Con esta distinción quiere ponerse de manifiesto la necesidad de concebir el fenómeno de la corrupción y su combate en términos más amplios al mero castigo, ahí donde llegue a haberlo. Lo que el libro pone de manifiesto es la necesidad de transformar el entendimiento de lo público para que deje de percibirse como una plaza a conquistar para sólo beneficiarse de ella. Se plantea la necesidad de que quienes ejerzan funciones públicas se conciban a sí mismos como agentes dignos de cambio, de ordenación social y de acción eficaz. No, desde luego, como depredadores de lo público, sea esto como ladrones directos de las cosas, francos extorsionadores o socios mercantiles de los agentes privados, sean estos delincuentes organizados o no.

Con un insistente e ideológicamente bien estructurado discurso, llevamos años escuchando de las ventajas de la iniciativa privada frente a las desventajas de las burocracias y los servidores públicos. Desafortunadamente, en el mundo de las cosas los ejemplos diarios y graves de acciones corruptas parecen confirmar tales teorías. Sin embargo, es importante hacer distinciones en el plano conceptual para desde ahí incidir en el práctico. Insistir solo en el castigo a los que actúen en contra de los intereses y bienes públicos es necesario, pero no suficiente. Es preciso entender que la gestión de todos los elementos con los que tratamos de ordenar nuestra compleja y diversa sociedad, tiene que pasar por la reconfiguración del servicio público, de su entendimiento por quienes lo ejercen y por la recuperación de un orgullo, por cursi que a más de uno pueda parecer esta expresión, de lo que se ha decidido ejercer. La incorporación de un buen republicanismo para enfrentar a la depredación de quienes trabajan como servidores públicos y de quienes así interactúan con ellos. En los graves y decisivos momentos por los que atravesamos, el libro de la profesora Fierro es un buen recordatorio y una buena hoja de ruta de lo que ya debiéramos estar haciendo.
 

Ministro de la Suprema Corte de Justicia.
Miembro de El Colegio Nacional
@JRCossio

José Ramón Cossío Díaz
Es Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito 24 libros, coordinado 6 y compilado 2. Ha publicado diversos artículos en libros colectivos, cuadernos académicos, revistas...

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