Uno de nuestros más importantes mitos nacionales es la Presidencia de la República. Por medio de su ocupante temporal, se piensa, los problemas se resolverán. Cuestión de elegir a la persona adecuada. El que casi nunca se haya logrado tan grande propósito, no es problema de la idea, sino de la incapacidad de los electores para escoger bien o de las perversidades de quien fue electo. Que la función se haya desempeñado por tontos, bribones o de plano psicóticos, es irrelevante. Lo mítico de la idea se demuestra por la posibilidad de que algún día la designación sea perfecta.

Hay dos cosas a distinguir que comúnmente no suelen serlo. La estructura jurídica “sistema presidencial”, cuyo origen está en la Constitución estadounidense y nos ha acompañado en nuestra vida independiente. Por sus condiciones de diseño y evolución, las jefaturas de Estado y de gobierno se asignan a la misma persona y, con ello, se le dotan de amplias facultades en diversas materias. Por otra parte, la condición presidencialista del ejercicio del poder, en donde de acuerdo a cada sistema político-jurídico y práctica nacional el titular de esa función goza de distintos márgenes de actuación. Así, por ejemplo, una cosa es lo que Roosevelt o Ávila Camacho pudieron hacer en tiempos de guerra y de paz o lo que Kennedy o López Mateos pudieron lograr con sus respectivas estructuras partidistas.

En las actuales condiciones de la vida nacional, a unos meses del cambio de gobierno que habrá de darse y del enrarecido entorno internacional, es importante saber lo que hoy sí es el sistema presidencial mexicano. No es posible enfrentar lo que sobrevendrá con una imagen equivocada de las posibilidades y límites del ejercicio presidencial en un sistema presidencial. Acercarse mal al problema puede ser causa de conflictos entre poderes, entre los componentes de la Federación y entre Estados nacionales, y con ello de graves daños a los habitantes del territorio nacional.

Más allá de lo que implica para la operación cotidiana del país entero, hace tiempo que no hacemos el inventario de la presidencia mexicana. Ingenuamente se piensa que es una especie de todo dado e inalterado. En el acelerado proceso de reformas constitucionales y de sus correspondientes desarrollos normativos y orgánicos, de adquisición de compromisos internacionales, de decisiones jurisdiccionales y resoluciones administrativas y de acumulación de prácticas, no se ha hecho el recuento de lo que le corresponde al Presidente, de lo que es competencia de otros órganos federales o locales o de lo que corresponde a la ciudadanía. Por esta razón es importante la aparición del libro de Pedro Salazar, El Poder Ejecutivo en la Constitución Mexicana. Del metaconstitucionalismo a la constelación de autonomías (Fondo de Cultura Económica).

En este libro se demuestra que a lo largo de las últimas décadas, el Presidente ha perdido muchas de las atribuciones que se estimaron características del presidencialismo mexicano. La evolución habida se ha dado, dice Salazar, de dos maneras: por la racionalización de lo que en su momento se denominaron (para mí en una desafortunadísima expresión) las “facultades metaconstitucionales” del Presidente, así como por el traslado de sus competencias a diversos órganos constitucionales autónomos. Si se analizan los diversos momentos del traslado hecho a punta de reformas constitucionales, lo sostenido por Pedro Salazar queda demostrado. El Presidente no es más ese ser omnímodo como el que se quiso significar durante años al ocupante del Palacio Nacional, en mucho para posibilitar su propio ejercicio del poder. Actualmente es, jurídicamente hablando, el titular de un órgano limitado por otros órganos constitucionales. Frente a tal evidencia, mal haríamos en suponer que el Presidente es de suyo el hacedor de todo, de lo público y de lo privado. Es mejor entenderlo y comportarnos frente a él como ante el titular de un órgano al que se le debe exigir un comportamiento cotidiano y constante acorde con sus alcances jurídicos. Si la vieja mítica presidencia no está respaldada más en las normas vigentes, mal haríamos manteniéndola en nuestras mentes. Con ello reconstituiríamos la peligrosa mitología que tantos daños causó a la sana convivencia nacional.

Ministro de la SCJN.
Miembro de El Colegio Nacional.
@JRCossio

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