Licencia para desbaratar

Gobierno de facto. Asistimos al fenómeno paradójico de una especie de gobierno de facto, pero surgido de elecciones; sin responsabilidades formales, pero generador ya de costosas turbulencias políticas y financieras, que alteran además la vida de personas, familias e instituciones. Hechos como el anuncio de la cancelación del nuevo aeropuerto, y dichos como los que propalan desde el presidente electo hasta el último de sus secuaces —multiplicados través de su poderosa maquinaria de reproducción en las redes— no dejan ya lugar dudas: el ahora gobierno de facto y futuro gobierno constitucional asume el resultado de las urnas de julio como licencia para desbaratar acuerdos nacionales, obras en proceso, normas de convivencia en la pluralidad y estructuras institucionales.

Sólo que, a diferencia de Licencia para matar, la película en la que, como en toda la saga de James Bond, el héroe sorprendía a todos con despliegues inagotables de fantasía e imaginación cinematográficas para despejar al planeta de malvados, la burda maniobra de la ‘consulta’ aeroportuaria vendida con el hashtag ‘México decide’, insultó la inteligencia de los mexicanos libres y exhibió al mundo un recurso equiparable a la resurrección del México pre reformista o a los utilizados en la Venezuela actual. Y a diferencia también del Bond que en esa película no veía su misión como solucionador de problemas, sino como eliminador de problemas frente a un desalmado narco al que achicharraría enseguida en espectacular explosión, a 48 horas del anuncio anti aeropuerto, el próximo gobierno se erige ya en el principal generador de problemas que, de no haber rectificación, podrían encoger las expectativas de progreso y desarrollo democrático de los mexicanos a escala de país bananero.

Un recuento de la conflictividad generada esta semana por un gobierno aún sin inaugurar, apunta a desbaratar, a altos costos financieros y de descrédito internacional, como lo advirtió el Financial Times de ayer, una trascendente obra en construcción avanzada. También pone la mira en instituciones electorales penosamente construidas en décadas e infinitamente más confiables que la ‘consulta’ del fin de semana que se anuncia como modelo a seguir en adelante. Y dispara contra una reforma educativa que finalmente había vencido las resistencias de las camarillas sindicales, ahora engordadas nuevamente por las concesiones dominicales de López Obrador de ‘detener inmediatamente la evaluación’, en otro acto de aparente gobierno de facto. Éstos parecen constituir los primeros pasos del ‘cambio de régimen’ para el que supuestamente fue facultado por los votos de julio.

Un solo hombre. Ya vendrán a partir de diciembre otras ‘consultas’ para que México ‘decida’ lo que en cada caso vaya decidiendo un solo hombre. Un gobernante, de hecho, hasta hoy, mañana de pleno Derecho, sin estrategia para proseguir la construcción de la todavía rezagada infraestructura nacional ni para construir su propio entramado normativo e institucional para sustituir lo que desbarata, a no ser por un laberíntico plan de tres viejos aeropuertos distantes entre sí y algún ensueño ferroviario, una predisposición autocrática y la conformación de un aparato clientelar de afianzamiento en el poder sin frenos, contrapesos ni competencia.

La peor de las vías. Hay quienes reducen los móviles del próximo presidente en estas medidas anticipadas a su prisa por borrar el legado de su antecesor. Otros los atribuyen a su decisión de mostrarle al capital, interno y externo, quién tiene aquí la última palabra. Y si esto es así, el siguiente round puede ser más aparatoso, con una opción aún más crítica para el siguiente gobierno: asumir el castigo del alejamiento de las inversiones que anuncian Morgan, Bloomberg y Financial Times, con su cauda de pérdida de crecimiento y empleos, o rectificar aberraciones como la del aeropuerto y aceptar el acotamiento de los poderes discrecionales, por la peor de las vías: la aborrecida presión de los capitales.

Director general del FCE