De Reyes Heroles a Vanessa Rubio. Parece difícil recordar a un alto funcionario de la Federación tan explícito en el uso de las palabras ‘chantaje’ o ‘extorsión’ para rechazar pretensiones de sacar provecho de la difamación pública, desde que el célebre secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles enfrentó en su oficina a dos ilustres líderes nacionales del PAN con quienes solía abordar —igual que con otros dirigentes— el proceso pedagógico que implicó la discusión, aprobación e instrumentación de la reforma política de 1978: una legislación progresista pero al principio difícil de comprender por el establishment político.

De allí la sorpresa con que los medios recibieron la respuesta de la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, a las acusaciones del gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Fue con una contra acusación envuelta en la advertencia de que “no se puede extorsionar a la Secretaría de Hacienda por recursos”. Siguiendo el diccionario, no se puede, no hay manera de obtener recursos de la Secretaría Hacienda por la fuerza o con intimidación. Pero hay diferencias a la vista.

Reyes Heroles les habría aplicado en privado el cargo de chantajistas a Manuel González Hinojosa y a Abel Vicencio Tovar, ameritados presidentes panistas que reunificaron su partido tras la ruptura de los grupos encabezados por José Ángel Conchello y Efraín González Morfín. Resulta que González Hinojosa y Vicencio Tovar reivindicaban ante el titular de Gobernación (y en aquel tiempo presidente de la entonces Comisión Federal Electoral) algún triunfo en elecciones locales aduciendo menos las probables irregularidades de los procesos y más el daño que le haría una denuncia de fraude a la reforma política en gestación o apenas naciente. También argumentaban que de no ver satisfechas sus exigencias, Reyes Heroles sería señalado como responsable de revivir y de darle la razón a la corriente del ya auto excluido González Morfín, propulsor de la abstención electoral para deslegitimar el sistema, con efectos también deslegitimadores de la propia reforma.

En su sentido de amenaza de difamación pública para obtener provecho obligando al chantajeado a satisfacer las exigencias del chantajista, parecería que la palabra chantaje fue usada en aquel episodio con precisión. Pero ni se realizó la difamación pública ni quienes la blandían obtuvieron provecho obligando a la autoridad a ceder. Es decir, no se habría consumado el chantaje. Sobre las ruidosas expresiones intramuros que habrían intercambiado los líderes panistas y el secretario de Gobernación, privó la discreción y la mesura de políticos profesionales y la decencia de las personas. Y siguió adelante la reforma que inauguró en México los derechos de las minorías y amplió significativamente la representación de la pluralidad política.

Las derechas de Morena y el Frente. Pero ni aquella reforma ni las realizadas sexenio tras sexenio, hasta el actual, han hecho mella en la cultura del chantaje como amenaza y de la extorsión como amenaza cumplida, con el ejercicio de la fuerza y la intimidación en forma de difamaciones, afirmaciones falsas o engañosas (fake news a la Trump), marchas, bloqueos de ciudades, calles y carreteras, lo mismo para desconocer resultados electorales (a la López Obrador) que para conservar privilegios de heredar y vender plazas (al estilo de las camarillas sindicales del magisterio, ahora fuerza de choque de la campaña de AMLO). Cada vez más definido éste a la derecha en su plataforma de Morena, comparte ahora sus métodos de acción con la derecha del PAN y su Frente, como lo intenta el gobernador de Chihuahua.

¿Autosabotaje? En una elección en que cualquiera de los tres principales candidatos podría conquistar la Presidencia, el de Morena y el del Frente acumulan conductas tendientes a sabotear la capacidad de gobierno de quien llegue. La lista es larga. La más reciente, la que ahora incentiva a los gobernadores a extorsionar por recursos al gobierno federal al que aspiran.

Director general del Fondo de Cultura Económica

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