Periodistas asesinados, criminalizados después

Otro reportero ha sido asesinado en Veracruz. Debilitados por despidos, salarios raquíticos, alcaldes que los intentan corromper, fiscales que no investigan, gobernadores que lo único que les preocupa es su prestigio, los periodistas de Veracruz están enfrentando una situación que debe consternar al país entero y a la comunidad internacional.

En lugar de apoyo gubernamental, los periodistas reciben un trato degradante o criminalizante: “Su novio era narcotraficante”, “era taxista”, “vendía tacos”, “lo vieron platicando con un jefe criminal”, “era halcón”, “consumía drogas”, “se juntaba con psicópatas”. Estas son sólo algunas de las declaraciones abruptas de las autoridades estatales en México inmediatamente después del asesinato de un periodista.

El discurso subyacente es que los periodistas se distraen de su profesión y que eso los pone en riesgo. Según la línea de pensamiento gubernamental, los ataques a periodistas, luego entonces, no están relacionados con la libertad de expresión.

Leobardo Vázquez Etzin, asesinado la noche del 22 de marzo en el municipio de Gutiérrez Zamora, en el norte de Veracruz, era un periodista poco conocido más allá de la entidad en la que vivía y trabajaba. Vázquez había sido corresponsal de varios medios locales en Veracruz y recientemente había abierto una página de Facebook llamada Enlace Informativo Regional, como muchos otros periodistas emprendedores en el país que, después de perder su empleo regular, abren páginas independientes en internet para mantenerse activos como periodistas mientras van consiguiendo ingresos por otras fuentes.

En su página aún puede verse el tipo de información que Vázquez publicaba: una combinación de notas promocionales de la imagen de gobiernos municipales de Veracruz con información policiaca o social de su comunidad. Es difícil discernir si alguna de esas notas generó el enojo de autoridades, policías locales o grupos criminales.

Sin embargo, la Fiscalía de Veracruz afirmó que Vázquez Etzin fue asesinado mientras “vendía tacos”, como si eso fuera un hallazgo suficiente para abrir una hipótesis propia de investigación.

Horas después, el gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares aventuró unas declaraciones cándidas, exigió a los medios que no exageren hablando de libertad de expresión y asoció el homicidio de Vázquez Etzin con la presunta relación de periodistas con organizaciones criminales. El gobernador Yunes mencionó que otros periodistas asesinados durante el gobierno actual “trabajaban para el narcotráfico”.

Hablar de que los periodistas se dedican a otros oficios o relacionarlos con el narcotráfico solo deja la sensación de que las autoridades veracruzanas están curándose en salud y pretenden desestimar la conclusión de que la libertad de expresión de los veracruzanos está bajo amago y que 22 periodistas han perdido la vida en el ejercicio de su profesión en el gobierno estatal anterior y en el actual.

El gobierno federal, por su parte, ha guardado silencio. El homicidio de un reportero local, poco conocido a nivel nacional o internacional, no mueve al gobierno federal ni siquiera para enviar una nota de condolencia ni mucho menos para investigar el clima de vulneración y la precariedad de la libertad de expresión en esa entidad.