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La única reconstrucción social posible, la de todos

03/10/2017
02:09
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El gobierno ha sido un fantasma en el desastre. Sin embargo, cuenta con la oportunidad y con los medios para ayudar y recuperar material y socialmente a la ciudad.

La vida en México no volverá a ser la misma. Todos somos afectados: los más vulnerables, los arrendatarios, los propietarios, los empresarios, y las numerosas instituciones, que evidentemente fallaron en promover una inversión suficiente y segura, así como su regulación y supervisión.

Empezaron los anuncios sobre la reconstrucción, pero con claras muestras de repetir lo que originó el desastre, la violencia inmobiliaria. Una violencia generada a partir de políticas que lucraron con la desigualdad. Que fomentaron grandes ganancias a costa de los esfuerzos de años impulsados por los habitantes en sus barrios y colonias.

Frente al desastre, hoy plantean soluciones en forma de inversiones en supuestas condiciones favorables. O donaciones que en realidad no son tales, pues dan siempre y cuando la sociedad done primero, o bien porque menoscaban los impuestos de todos. La solución liberal de intercambiar dinero por propiedades como fórmula de negocios solo generará más desigualdad. No es momento de ofrecer las mismas herramientas y soluciones, pues estamos en situaciones muy distintas.

Un replanteamiento de ciudad exige un cambio de visión. No más ventajas a las grandes inmobiliarias que en una situación como esta simplemente potencializarán sus ventajas frente a los miles de afectados y desposeídos. El gobierno no ha entendido, y al no entender ha perdido toda credibilidad. Como aliado de los grandes intereses inmobiliarios, se desdibuja frente a la sociedad.

La estrategia debe estar enfocada en apoyar a quienes lo requieren y, de manera preponderante, a los más perjudicados. A los que perdieron todo. Ahí se requiere la intervención gubernamental clara y contundente.

La salida está en nuestro texto constitucional. Ahí se combinó desde 1917 la valentía y la imaginación para establecer mecanismos a favor de los más necesitados y de esa manera aliviar la lacerante desigualdad. Fórmulas olvidadas que, aunque no les gusten a muchos, siguen siendo letra vigente de nuestra norma suprema. Ahí están la propiedad social, el derecho a la vivienda y la expropiación como instrumento para equilibrar a la sociedad cuando existen causas de utilidad pública.

La reconstrucción y la igualdad no sólo son causas de evidente utilidad pública, son causas de emergencia nacional. Esto significa proteger el ejercicio del derecho a la vivienda. Con créditos, el problema no sólo no se resolverá, sino que empeorará la situación, pues ahora, además de desposeídos se pretende que se conviertan en acreedores de fondos de contingencia o créditos hipotecarios.

Una nueva política de reconstrucción social implica organizar a los colectivos que han sufrido la pérdida de sus inmuebles. Donde esas pérdidas han sido totales, el gobierno debe expropiar los predios, con el pago de las indemnizaciones justas correspondientes y construir, con los fondos de contingencia, viviendas dignas con la intervención del Infonavit y del Fovissste.

En los casos de daños parciales que rebasan los periodos de ley para que las constructoras reparen integralmente los inmuebles (de 5 a 10 años), la administración capitalina deberá de destinar recursos supervisados por un comité ciudadano para llevar a cabo los arreglos correspondientes. De manera similar, con participación, es necesaria la revisión exhaustiva de los reglamentos de construcción y el establecimiento de límites y prohibiciones en zonas de riesgo.

La reconstrucción no sólo es prioridad para la gobernabilidad, sino la gran alternativa para que el gobierno recupere su liderazgo y para edificar una nueva Ciudad de todos y para todos.
 

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

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