El Rébsamen y el New's Divine

Héctor De Mauleón

El 20 de junio de 2008 se realizó un operativo policiaco en la discoteca New’s Divine, ubicada en la delegación Gustavo A. Madero. La policía capitalina había recibido denuncias sobre presunta venta de drogas y alcohol.

El lugar se hallaba repleto de jóvenes, la mayor parte menores de edad, que festejaban el fin de cursos de un colegio. Se comprobó más tarde que la policía llevaba armas largas y algunos elementos iban encapuchados. Adentro se desató el infierno. Ante la violenta irrupción policiaca, los jóvenes intentaron ganar la salida. Pero la puerta de emergencia había sido bloqueada —una versión indicó que por la propia policía.

Lo estrecho de la ruta de evacuación, el descontrol, el calor, la ineptitud, la negligencia con que se llevó a cabo el operativo (se tomó la decisión de apagar las luces y el aire acondicionado): todo se sumó a la cadena de violaciones al reglamento de protección civil que privaba en la discoteca. Doce personas murieron asfixiadas. Hubo detenciones arbitrarias, brutalidad policiaca, burocratización excesiva en el proceso y en la entrega de los cadáveres, criminalización de los jóvenes por parte de autoridades (se les intentó acusar de drogadictos).

La Comisión de Derechos Humanos responsabilizó a la delegación Gustavo A. Madero, encabezada por el entonces perredista Francisco Chíguil, de permitir que el New’s Divine estuviera operando “sin las condiciones de protección civil necesarias”. La tragedia hizo caer a Chíguil. Y también, al procurador capitalino, Rodolfo Félix; al secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega; al funcionario que iba al mando del operativo, Guillermo Zayas; al subdirector jurídico de la GAM, Ángel Nava. Se abrieron procesos contra cuarenta funcionarios. La ONU determinó que las muertes del News’s Divine eran responsabilidad del Estado. Hoy, sin embargo, el único detenido es el dueño del lugar, sentenciado a 39 años de cárcel.

Los deudos de las víctimas lograron que el caso se reabriera en 2015. En días pasados ofrecieron una conferencia de prensa en el sitio donde estuvo el New’s Divine. Afirmaron que para ellos no ha habido justicia, ni reparación. Aún más: sostuvieron que no solo les han cancelado ambos derechos: afirman que además de todo, ahora se les está revictimizando.

Hace unos meses se anunció que Chíguil Figueroa, al que los padres consideran uno de los principales responsables de la tragedia, volvería a contender por la jefatura de Gustavo A. Madero, esta vez como abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena.

Chíguil fue cobijado por Martí Batres poco después de la tragedia de la discoteca; luego de su renuncia halló acomodo como asesor de su esposa en la Asamblea Legislativa. Según los padres, no les ha ofrecido nunca una disculpa ni personal, ni pública.

Uno de los deudos interpuso una queja en su contra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los padres coinciden en que la vuelta del funcionario que acababa de retirar los sellos de clausura del New’s Divine, es un insulto a la memoria de sus hijos.

Hay ecos de todo lo que el lector acaba de leer en otra tragedia. Una tragedia reciente. La tragedia del Colegio Rébsamen.

En el pasado sismo de septiembre, 26 personas —entre ellos 19 niños— murieron al intentar salir por el camino marcado como ruta de evacuación. Dicho camino pasaba bajo una construcción que se había levantado de manera irregular, y que fue la que colapsó.

Ante la falta de avances en la investigación, un grupo de padres inició su lucha. Advirtieron que en el colegio había varias órdenes de clausura que no se cumplieron, que el tipo de suelo en tres de los predios que este ocupaba eran habitacionales, que carecía de permisos para operar como primaria y secundaria.

La entonces delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, reconoció que había graves anomalías en el Colegio, culpó de estas a funcionarios de administraciones anteriores, y luego se fue como candidata de Morena al gobierno de la ciudad. En ese orden.

Hace unos días, documentos solicitados por transparencia probaron que durante cinco años, entre 2012 y la fecha de la tragedia, el Rébsamen no tuvo programa interno de protección civil, a pesar de ser indispensable para la operación de una escuela. Probaron también que el comité de protección civil en Tlalpan no sesionó desde febrero de 2015.

En algo se parecen las dos historias. Y ese algo no esperanzador.

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