¿Qué constitución, qué democracia?

Francisco Valdés Ugalde

¿A qué se refiere el presidente cuando dice que el régimen ha cambiado y, a la vez, que su gobierno construirá un nuevo régimen? No se puede responder esta pregunta porque él mismo ha señalado que los cambios constitucionales que propone su gobierno son, por ahora, para atender asuntos urgentes de sus propuestas de gobierno, como las que se han dado hasta ahora en materia de educación, trabajo, seguridad, y las que se proponen instaurar la revocación de mandato y y una controvertible reforma del Poder Judicial, entre otras. Pero el presidente señaló, también, que hacia el final de su mandato quiere dejar un nuevo orden constitucional, correspondiente a la envergadura de las transformaciones que encabeza su gobierno.

Preocupaciones diversas flotan en el ambiente de la opinión pública. Qué se piensa respecto al federalismo, al municipio; qué sobre las instituciones electorales y otros órganos autónomos, sobre el poder judicial, el ministerio público, el equilibrio del poder, la aplicación de los derechos humanos... La lista del contenido constitucional es muy larga y, por ahora, las opiniones vertidas desde el gobierno y su partido son sólo eso, opiniones con distinto origen y causa, pero no un proyecto estructurado y formalizado. Los resortes, aparentemente caprichosos, que disparan la conducta presidencial son origen de ansiedades legítimas que circulan en todos los medios y redes. Las “consultas populares” a modo, la división del mundo entre conservadores y partidarios, los ataques a medios de comunicación, la presunta intención de reelección que distintos observadores ven en la iniciativa de revocación de mandato, las preferencias expresadas por prominentes dirigentes de morena por fórmulas autoritarias, como el “bolivarianismo” (léase Chavismo) o totalitarias, como los sistemas vigentes en Cuba, China y Corea del Norte son, ciertamente, buenas razones para preocuparse. Nada sería más benéfico que un pronunciamiento de AMLO y su partido a propósito de qué huella quisieran dejar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Mientras las cosas se aclaran, no está de más hacer un balance sobre las trayectorias que ha seguido y sería deseable que retomara el avance democrático del país. Las premisas irrenunciables de un Estado democrático son dos: el principio de mayoría y la condición de igualdad de todos los ciudadanos. Ambos son los fundamentos para la única toma legítima de decisiones en los asuntos que conciernen a todos. Y estos principios se despliegan en dos ámbitos institucionales. De una parte, los del acceso al poder y de la otra los de su ejercicio. Nuestro país avanzó considerablemente en los primeros: se hizo un sistema competitivo de partidos y un organismo electoral robusto y justo. Empero, la interacción entre estos dos sistemas y su función representativa fue truncada (no eliminada), a causa de la fijación de las élites en hacerse del poder a toda costa, con menoscabo de su la función de representar el interés público como lo manda la Constitución. Aunque en la democratización del ejercicio del poder se avanzó, ello no fue suficiente. Las disposiciones que lo regulan en la compleja morfología del gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial; municipio, estados y Federación) dejan mucho que desear. Con justa razón la sociedad se ha movilizado contra la corrupción y la impunidad, que han sido las dos mayores lacras que, hasta hoy, los mecanismos de regulación del ejercicio del poder no han controlado. Su corrección requiere voluntad política para depurar las leyes y perfeccionar la República. Este cometido no puede desechar las instituciones creadas, sino su reformulación. Si la 4t se encamina por la vía de privilegiar el componente mayoritario haciendo a un lado el elemento igualitario de la democracia, que es el que protege los derechos de cada persona aun contra la mayoría, confundirá la finalidad de erigir un Estado social con la abolición del control sobre el poder para librarse de los supuestos estorbos que su prisa enfrenta. La consecuencia sería nefasta: un nuevo régimen autoritario o, inclusive, con vocación totalitaria. El nuevo régimen anunciado por la 4t ha de ser democrático. Si no lo fuere, sería un despropósito de cara a la historia de las luchas por la democracia en México.


Académico de la UNAM
@pacovaldesu

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