Tabasco vive inaceptables condiciones de incidencia delictiva y violencia. Comparando las tasas por cada 100 mil habitantes de los primeros 7 meses de 2017 contra el mismo periodo de 2016, la entidad ocupa el primer lugar nacional en robo con violencia, robo a transeúnte, robo a negocio y abigeato —robo de ganado—.

Lamentablemente, la entidad también se posiciona como tercer lugar nacional en secuestro y extorsión, quinto en homicidio culposo, sexto en robo de vehículo, noveno en robo a casa habitación y undécimo en violación.

Sólo el homicidio doloso se posiciona por debajo de la tasa nacional —que es de 11.5 homicidios por cada 100 mil habitantes y la de Tabasco es de 8.5—, sin que se pueda decir que las condiciones son favorables, ya que ocupa el lugar número 18.

Las estadísticas derivadas de la información oficial son sumamente preocupantes, y nos remiten a historias cotidianas donde los ciudadanos se sienten inseguros y donde la mayoría tiene una experiencia cercana a la violencia o a la delincuencia, que puede contar.

Precisamente, este pasado viernes en la capital de la entidad, se consumó el homicidio de Gerardo Barceló Cazola, empresario y activista social en materia de seguridad, a quien tuve el gusto de conocer y compartir planes para mejorar las condiciones de Tabasco.

En pleno día y en una zona central de Villahermosa fue privado de la vida, evidencia de que las autoridades —federales, estatales y municipales— no tienen el control de lo que sucede aquí.

Un sentido pésame para los deudos, a quienes les decimos que Jerry no es una víctima más. El homicidio de Gerardo Barceló debe ser el parteaguas que obligue a todo el entramado social, autoridades y ciudadanos, a trabajar juntos para obtener resultados.

Es hora de que el gobernador Arturo Núñez Jiménez, el secretario general de Gobierno, el fiscal general, los secretarios de Seguridad Pública —estatal y municipales—, los alcaldes de los municipios de mayor incidencia delictiva —por lo menos del área conurbada de la capital—, el comisionado estatal de Policía Federal y la sociedad civil trabajen para definir un plan de acción puntual para rescatar una de las entidades más violentas del país.

Este encuentro debe ser público, frente a medios y ciudadanos para que, en un ambiente constructivo y de respeto, se generen máximo tres objetivos con sus respectivas actividades e indicadores de desempeño y resultado.

Este espacio debe servir para rendir cuentas y construir, no para discursos políticos donde se relativiza el problema. Debe ser público y frente a medios para que toda la sociedad sepa qué compromisos asumió cada uno, y así evitar acuerdos que son meras aspiraciones que, si no se cumplen, nada pasa.

En el Observatorio Nacional Ciudadano, estamos dispuestos a ayudar mediante la revisión de los indicadores para confirmar si cumplen con la objetividad y pertinencia de una estrategia de seguridad, y para dar un puntual seguimiento a la publicación de los avances y resultados.

Lo he dicho e insisto, las condiciones actuales que atraviesa el país no permiten ocurrencias, incompetencia, improvisación, mentiras, manipulaciones o desperdicios, y nos obligan a todos a ser parte de la solución.

Las víctimas no son un número, son historias de sufrimiento donde muchos son corresponsables por fingir, por no hacer o por ser abiertamente cómplices de la violencia y éste debe terminar ya.

Director del Observatorio Nacional
Ciudadano. @frarivasCoL

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