Seguridad interior sin seguridad ciudadana

El pasado 20 de noviembre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó los datos de incidencia delictiva al mes de octubre del 2017. Con base en la información oficial de carpetas de investigación, podemos afirmar que este año hemos roto todos los récords de violencia.

Si analizamos los datos presentados, podemos ver que octubre registra la mayor tasa de homicidios dolosos desde 1997. De igual forma, el periodo enero-octubre, comparado contra los mismos lapsos de los últimos 21 años, también se presenta como el de mayor violencia homicida.

Visto desde la óptica humana, los datos oficiales que hablan de 20,878 carpetas de investigación por homicidio doloso representan a casi 24,000 víctimas en los 10 primeros meses del año, un estremecedor número que ni siquiera corresponde al total de víctimas de este delito, ya que no incluye a las personas privadas de la vida que resultan como desaparecidas o aquellas registradas como víctimas de homicidio culposo y que en realidad son víctimas dolosas.

Por si fuera poco, la crisis de inseguridad se hace latente y nos indica a través de las estadísticas oficiales que en estos 10 meses aumentó el secuestro, la extorsión y los robos, siendo el robo con violencia, el robo a negocio y el robo a transeúnte, los que representan el reto más relevante con aumentos de más del 30%.

Ante esto, lo esperado sería una respuesta contundente en términos de acciones por parte del Estado, de admisión de deficiencia o incluso renuncias ante la evidente carencia de resultados por pacificar el país.

Sin embargo, al pasar de los días, las tibias declaraciones, deslindes o ejercicios por relativizar está terrible debacle nos han llevado simplemente al compromiso por parte de algunos legisladores en aprobar esta misma semana el dictamen de la Ley de Seguridad Interior.

Indudablemente las fuerzas federales en la última década han hecho un trabajo muy importante; debemos decirlo con claridad: hay lugares del país en donde no existiría condiciones mínimas de seguridad si no fuese por el trabajo de soldados y marinos.

Es pertinente recordar el caso de Tijuana entre los años 2007-2010, en donde sin el liderazgo del Ejército, la colaboración de Policía Federal y autoridades locales no hubiese sido posible disminuir la incidencia delictiva y la violencia, misma que hoy ha alcanzado niveles incluso peores que los vividos entre esos años.

De igual forma, todos coincidimos en la necesidad de un marco regulatorio que garantice los derechos de esos militares quienes exponen su vida y su seguridad jurídica en favor de México, al tiempo que queremos un marco jurídico que garantice los derechos de toda persona ante la actuación de una autoridad que tiene una vocación diferente a la de combatir el crimen y generar seguridad en lo local.

No obstante, es fundamental aclarar que, impulsar una ley de seguridad interior sin haber implementado reformas que fortalezcan a las policías y procuradurías del país significa no entender cómo resolver el problema de seguridad.

Uno de los aspectos que el colectivo ha venido demandando en la última década consiste en desmilitarizar la seguridad y dejarla en manos de aquellas autoridades civiles especializadas en esta materia.

La historia reciente nos ha enseñado que las políticas públicas y reformas normativas en materia de seguridad y justicia deben ser implementadas sobre la base de diagnósticos fidedignos que nos expliquen la relación causal que existirá entre las acciones implementadas y los resultados esperados.

Sobran los casos en donde las acciones por parte del Estado se han emprendido sin indicadores de desempeño ni de resultado, por lo que resulta imposible entender la evolución de los sucesos.

Indudablemente requerimos un marco regulatorio que nos diga cuándo habrán de intervenir las fuerzas federales en materia de seguridad, pero sobre todo cuándo deberán retirarse de las calles. No obstante, lo que más necesitamos es un plan que nos diga cómo vamos a construir esas instituciones de seguridad y justicia que hoy se encuentran rebasadas y cómo va actuar la autoridad en su conjunto para debilitar la fuerza letal que tienen los delincuentes.

Los ciudadanos no queremos ocurrencias, queremos resultados y estos sólo se pueden conseguir con policías, peritos y ministerios públicos capaces, suficientes y confiables, no con normas, reglamentos o leyes, las cuales deben ser impulsadas cuando ya exista una claridad sobre qué modelo de seguridad que estamos pensando para México.