¿Lugares y horarios equivocados?

Francisco Rivas

Ningún delito cristaliza más las deficiencias del Estado cómo lo hace la desaparición de personas. Allí donde se presenta este fenómeno, hay una autoridad incapaz de controlar el territorio, prevenir delitos, reaccionar con rapidez y eficacia a una denuncia, investigar el caso, darle acceso a la verdad y a la justicia a la persona. Allí en donde se manifiesta este fenómeno, también aparecen delitos de diversas naturalezas que afectan a la sociedad.

Las desapariciones son la representación viva de la impunidad. Para una víctima indirecta de este delito, el dolor es una herida destinada a no cicatrizar.

Sin el trabajo de los colectivos de víctimas, sin el esfuerzo que hacen esos familiares para transformar su dolor y desesperación en servicio al país, decenas de miles de personas seguirían siendo olvidadas por el Estado y el fenómeno no hubiera sido visualizado.

La semana pasada, mientras en el país discutíamos los resultados del debate presidencial, familiares de Marco, Jesús y Javier, tres jóvenes estudiantes de cine privados ilegalmente de la libertad que seguían sin ser localizados, fueron enterados de los avances de la investigación hecha por la Fiscalía General de Jalisco, que concluyó que dichos jóvenes fueron torturados y disueltos en ácido.

Un hecho que debería paralizar al país por la magnitud del horror –jóvenes honestos, no involucrados con alguna actividad delincuencial, concluyeron precozmente su vida en medio de un inimaginable dolor-, se adscribió a uno de los tantos del país y fue comunicado a la sociedad por la Fiscalía como “haber estado en el lugar y el momento equivocado”.

Un comentario indignante que minimiza la magnitud del hecho, casi como si no fuese responsabilidad de la autoridad conocer qué grupos delictivos operan en el territorio y erradicarlos, casi como si no fuese su responsabilidad prevenir los delitos, generar seguridad para las personas, casi como si los ciudadanos no pudiésemos sumar y concluir que “si el Estado hubiese reaccionado rápidamente este terrible delito no se hubiese consumado”.

La investigación apunta a que los grupos delictivos que operan en Jalisco tienen como modus operandi la disolución de cuerpos en ácido, entonces, si la autoridad lo sabía ¿por qué no actuó antes? Y aún más ¿cómo redirigirán sus esfuerzos para resolver este caso?

Lamentablemente en el país falta evidencia de que los hechos delictivos se transformen en un insumo clave de la inteligencia con el fin de reducir la violencia, los delitos se consuman, pocas sanciones, por ende, crece la impunidad y la incidencia delictiva.

Pienso en Jesús, Javier y Marco, en lo que vivieron; pienso en el dolor de sus familiares y en las tantas otras víctimas que hoy siguen pasando por lo mismo. Debemos recordar que las víctimas, lo son debido a la acción de delincuentes y de autoridades coludidas con los criminales, como también de aquellas autoridades negligentes, que a sabiendas de la operación de un grupo criminal no actúan, o que, ante un cuerpo no identificado, no han hecho lo posible por tratar de darle identidad a la víctima y acceso a la verdad a sus familiares.

La impunidad es el mayor enemigo de una sociedad que quiere vivir en paz, el problema no es “estar en un lugar y un momento que puedan ser equivocados”, el problema es vivir en un país donde los delitos no se previenen, persiguen o sancionan.

Es imperativo que estos delitos se castiguen, vivimos en un Estado de Derecho que debe garantizar juicios apegados a la norma y debe respetar la dignidad de la persona –independientemente de la atrocidad que ésta haya cometido-, pero para que éste sea sólido, la sanción debe ser segura.

Poco sirven las amenazas de castigos draconianos, se requieren sanciones seguras, más que ejemplares, la impunidad vulnera nuestro Estado de Derecho e incentiva la comisión de delitos.

Todo factor de riesgo como la pobreza, la marginación, la desintegración familiar, el consumo de sustancias, por sí mismo no genera violencia. Sin embargo, en presencia de un Estado incapaz, de un débil Estado de Derecho, nos llevan a lo que vivimos hoy: alta incidencia delictiva y una desmedida violencia.

Federación y autoridades locales deben trabajar en conjunto para reducir la impunidad, se lo deben a las víctimas, se lo deben a las familias de Javier, Marco y Jesús y a las decenas de víctimas que han sido o siguen en calidad de desaparecidas y a sus familias, se debe sancionar a los actores materiales e intelectuales del delito, se debe investigar de oficio la actuación de las autoridades y, de haber evidencia, sancionar la negligencia o la abierta participación en los hechos.

Si se quiere seriamente reducir la incidencia delictiva y la violencia, es hora de actuar en contra de la impunidad, sanciones seguras, proporcionales, respetuosas de los derechos de cada persona, sin distingos ni protecciones, sólo así México será un país más justo y seguro.

 

Director general del Observatorio
Nacional Ciudadano.
@ frarivasCoL

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