Debemos cambiar el rumbo

Francisco Rivas

El pasado 20 de enero el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública –SESNSP-, publicó los datos oficiales sobre incidencia delictiva de diciembre de 2017.

Estas cifras confirman lo que ya sabíamos, 2017 fue el año con la mayor tasa de homicidio doloso y robo a negocio de la historia reciente, en un contexto donde aumenta gran parte de los delitos en la mayoría de las entidades federativas.

Si comparamos lo sucedido en 2016 contra 2017, las tasas de homicidio doloso crecieron 22.08%, de homicidio culposo 5.86%, de extorsión 6.17%, de robo con violencia 34.13% de robo de vehículo 14.37%, de robo a casa habitación 0.27%, de robo a negocio 27.76%, de robo a transeúnte 24.00%. Disminuyen las tasas de secuestro en 5.22 % y de violación en 2.58%.

Imposible relativizar o minimizar el problema, los números oficiales –que corresponden, según lo que informa el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), apenas al 7% de los delitos totales ocurridos- muestran que el conjunto de autoridades de seguridad y justicia no está logrando cumplir con su función sustantiva que consiste en garantizar la vida, la integridad física y patrimonial de las personas, y las actividades comerciales.

Por ejemplo, si comparamos las tasas por cada 100 mil habitantes de 2011, el año que detentaba la mayor tasa de homicidio doloso desde 1997, contra la de 2017, el aumento es de 5.09%.

Sorprende ver la diferencia de cómo se conducen esos funcionarios que salieron hace cinco años a aplaudir descensos que iniciaron en la pasada administración, asombra ver cómo presumieron eficacia gracias a la coordinación y al uso de inteligencia, y que hoy no rinden cuentas o reconocen tímidamente los aumentos y eventualmente descargan responsabilidades.

Pese a las declaraciones que los funcionarios siguen repitiendo sobre coordinación y uso de inteligencia, la evidencia muestra que ni una ni otra son una realidad en la operación cotidiana. En la mayor parte de los casos no hay coordinación ni siquiera entre áreas de una misma institución, la inteligencia no es compartida y en muchos casos no coincide.

Lamentablemente en esta materia no existen acciones mágicas que permitan descensos abruptos, se requiere de una serie de acciones que autoridades federales y locales deben emprender con responsabilidades diferenciadas según sus competencias y que enumero a continuación:

1. Echar a andar un servicio –real- de carrera sustentado en perfiles, indicadores de desempeño y resultado que se construya sobre cargas de trabajo realistas y justas, sueldos y prestaciones adecuadas y homologadas. Un servicio de carrera que premie el sacrificio de los mejores y corrija o sancione la corrupción e ineficiencia de otros. Aquí se incluye la reforma el segundo párrafo de la fracción XIII, Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución que viola los derechos laborales e inhibe la actuación eficaz de policías, peritos o agentes ministeriales.

2. La federación debe supervisar la efectividad y eficiencia del gasto en seguridad y justicia, al tiempo que las entidades deben rendir cuentas de cómo, en qué y para qué gastan, cuál es la pertinencia de sus decisiones y cuáles los resultados.

3. Poner plenamente en marcha, con independencia y dotando de recursos al Sistema Nacional Anticorrupción.

Los tres puntos anteriores deben llevar a que los procedimientos, normas, protocolos de actuación y formación, sean efectivos y promuevan una actuación apegada a derecho con perspectiva de Derechos Humanos.

1. Iniciar un combate efectivo al tráfico y comercio ilegal de armas, esto implica fortalecer los decomisos en aduanas, la supervisión de las carreteras y el cierre de los mercados ilícitos en lo local.

2. Urge fortalecer las competencias de los integrantes de policías, procuradurías, fiscalías y tribunales de todo el país en materia de procesos y operación del Sistema de Justicia Adversarial, iniciando por reconocer las bondades del mismo, identificando y resolviendo las deficiencias, en particular, aquellas que se refieren a las Unidades de Medidas Cautelares.

3. Se debe combatir la estructura financiera de los delincuentes, mejorar el combate al lavado de dinero, reformar la Ley Federal de Extinción de Dominio y supervisar su homologación e implementación local, así como poner en marcha un sistema eficaz de Administradores Judiciales. En particular, los recursos derivados de la operación criminal deben ser recuperados para reparar el daño a las víctimas directas e indirectas (lo que incluye a todo el colectivo social).

4. Inhibir y disuadir la comisión de delitos comunes haciendo cada vez más difícil la comercialización de bienes robados u obtenidos ilícitamente. Esto significa regular –con base en la experiencia internacional- la operación de las casas de empeño, de instituciones financieras, mercados, tianguis, etc., y combatir los mecanismos informales e ilegales de comercialización de los bienes de procedencia ilícita.

5. Retomar la rectoría del Sistema Penitenciario y poner en marcha programas para la reinserción social y la cultura de la legalidad para internos y sus familiares.

6. Reformar y/o reducir ciertas regulaciones en materia de conducta vial, así como facilitar el proceso de pago de multas de tránsito con el fin inhibir la corruptela policial.

7. Poner en marcha una atención de calidad a las víctimas del delito. Esto implica la sensibilización de los diferentes actores en materia de seguridad y procuración de justicia, la reforma de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el fortalecimiento de las Comisiones de Derechos Humanos.

8. Reconstruir la relación entre ciudadanos y autoridades de seguridad y justicia.

9. Impulsar una educación de calidad, la reconstrucción del tejido social, la formalización de la economía, un desarrollo urbano que permita la socialización y la cultura de la legalidad en la ciudadanía en general.

10. Construir inteligencia con base en evidencia objetiva e impulsar la prevención y reacción de manera coordinada entre autoridades con base en esa misma inteligencia.

11. Permitir la construcción de contrapesos sociales para generar acompañamiento, supervisión, observación y denuncia ciudadana que impulse una auténtica rendición de cuentas.

12. No politizar bajo ninguna excusa la seguridad y la justicia.

Para poder impulsar cada rubro se requiere inicialmente de voluntad política, liderazgo y uso impecable de los recursos, con el fin de construir procesos e instituciones que funcionen independientemente de la voluntad de los actores.

Necesitamos que los ciudadanos tengan arraigado valores cívicos, al mismo tiempo que el entramado institucional construya sus contrapesos, donde las diferencias ideológicas sirvan para enriquecer las ideas y no para dividir a la sociedad.

Es indispensable que los diferentes actores tengan una visión de largo plazo y capacidad para comprender que estos procesos requieren tiempo, que no hay evidencia de que las soluciones fáciles sean efectivas.

Al mismo tiempo, es indispensable que quien decida ser autoridad entienda que, al asumir un cargo público, acepta someterse a la observación y crítica de toda la sociedad, y que su trabajo debe estar al servicio de esa misma sociedad.

Quiero ser justo, el trabajo de una autoridad es difícil y hay muchos que hacen hasta lo imposible por revertir esta terrible realidad que vivimos.

No obstante, como mexicano me duele la imagen que hemos dado de un país violento, inseguro e injusto. Como persona me irrita la improvisación, la falsedad e ineficacia que hemos tenido en esta materia, y me preocupa que en el panorama no se vislumbren cambios que nos hagan esperar mejoras. Como activista le pido a quien gobierna y a quien hoy compite por un cargo en el servicio público, que cambie el rumbo porque el país no merece ni puede aguantar estos niveles de incompetencia, corrupción y violencia.
 

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL

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