Red de corrupción desvió 663 mdp de educación en Hidalgo

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Una red de corrupción de 30 servidores del programa de Tiempo Completo presuntamente desvió 663 millones de pesos, por lo que se inició una denuncia por enriquecimiento ilícito, cohecho y negociaciones indebidas, informaron el coordinador estatal de ese programa, Raúl Meléndez, y el director general Jurídico de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Carlos Arozqueta Solís.

Los funcionarios explicaron que en 2014 se recibió un requerimiento por parte de la Federación por un faltante de 41 millones de pesos, que no estaban comprobados.

Posteriormente, señaló Arozqueta Solís, al realizar algunas investigaciones se encontraron varias anomalías que derivaron en una denuncia con número de carpeta de investigación 12-2017-03698, la cual en los próximos días podría ser judicializada por delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y negociaciones indebidas, en perjuicio de 89 mil estudiantes.

Precisó que el programa educativo lo transformaron en alimentario para poder desviar los recursos, y agregó que entre los involucrados se encuentran directores de escuelas, proveedores y coordinadores de servicios regionales de los municipios de Atlapexco, Molango, Tizayuca y Tenango de Doria, además de personal de la corporación del programa, el cual en ese entonces estaba a cargo de Luis Fuentes Hernández.

Solís Arozqueta explicó que estas irregularidades se dieron en el sexenio pasado, de noviembre de 2014 a enero de 2017, y no se descarta que pudiera estar involucrado el ex secretario de Educación, Miguel Ángel Cuatepotzo.

El director Jurídico señaló que esta red de corrupción está integrada por al menos 30 servidores públicos y proveedores del sistema, quienes al hacer un mal manejo de los recursos perjudicaron a los alumnos al no recibir la educación adecuada y los servicios aleatorios como la comida para los que está diseñado.

Modus operandi. Dentro de las irregularidades detectadas se encuentra la expedición de cuatro mil cheques por 64 millones de pesos, que se expedían para que salieran de las cuentas del programa, pero no llegaban a sus destinatarios. Estos documentos fueron firmados por el ex subsecretario de Administración y Finanzas, Pablo Pérez, involucrado en otro caso de desvío de recursos por 68 millones de pesos.

El trasiego de los recursos se realizaba de tal manera que cada uno de los involucrados contara con su parte correspondiente. Los desvíos de dinero se hacían a través de proveedores que entregaban diezmos para sobrefacturar, entregar alimentos con nula calidad, facturación de eventos no realizados, estudiantes fantasmas, costos de alimentación para 50 alumnos con los que se podía alimentar a por lo menos 300.

También se detectaron gastos indebidos de operación.