Cárceles de miedo y trato indigno en Yucatán

El 73% de las 106 prisiones municipales del estado están en pésimas condiciones e impiden dar un internamiento humano a los reos, según la Comisión de Derechos Humanos estatal; en los últimos meses de 2016 y los primeros de 2017 han muerto cuatro
Visitadores de Derechos Humanos consideran que gran parte de esos centros son prácticamente “mazmorras” que atentan contra la dignidad de cualquier persona, pues no se les practica ninguna valoración médica a los reclusos (CUAUHTÉMOC MORENO)
27/04/2017
01:27
Yazmín Rodríguez / Corresponsal
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Dzan

Un informe de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) reveló que 73% de las 106 cárceles municipales de la entidad se encuentran en pésimas condiciones y no ofrecen un internamiento digno y humano a los detenidos. 

La mayoría de esas prisiones son utilizadas para reclusiones temporales, es decir, para delitos menores, como escandalizar en vía pública o en la casa, agresión a la pareja, riñas en cantinas, o robos. En ellas hay hacinación, carecen de baños, y su problema más grave es la falta de vigilancia permanente.

Derechos Humanos consideró que, de acuerdo con sus visitadores, buena parte de esos centros son prácticamente “mazmorras” que atentan contra la dignidad de cualquier persona.

Además, no tienen registros de ingresos y egresos, no se les practica ninguna valoración médica a los reclusos; presentan deficiencias en cuanto a higiene, ventilación e iluminación, tanto artificial como natural; las comandancias se encuentran lejanas a las cárceles y carecen de personal médico.

Las 10 prisiones que presentaron mayores deficiencias fueron las de los municipios de Tzucacab, Ticul, Temozón, Tixméhuac, Acanceh, Maní, Chemax, Río Lagartos, San Felipe y Dzan, ubicado en el sur de Yucatán.

La CODHEY reveló en su reporte de diciembre de 2016 que los alcaldes de esas comunidades no brindan suficiente atención y cuidado, ya que son sitios donde los detenidos se ven obligados, incluso, a realizar sus necesidades fisiológicas en el mismo lugar.

Dzan, una mazmorra. Los visitadores de la  Comisión Estatal reportaron por segunda ocasión (en 2016 y ahora en 2017) que la cárcel de Dzan, una localidad de poco más de 4 mil 900 habitantes, es la que se encuentra en peores condiciones.

Es de las más hacinadas, en sus paredes hay suciedad y humedad que enfermaría a cualquier persona que permanezca varias horas en el sitio, sus muros son antiguos y sus rejas descascaradas, el óxido muestra el descuido; no han sido objeto de remozamiento.

Se ubica a unos pasos de la comandancia policiaca en el palacio municipal de la población, pero no cuenta con ventanas ni mucho menos con baños.

Es considerada una “mazmorra”, porque en la misma celda, de apenas dos metros, los internos tienen que hacer sus necesidades fisiológicas, obligándose a oler la fetidez de sus propios desechos. La mayoría de los detenidos son por delitos menores, riñas, embriaguez, conflictos familiares y su reclusión es de 24 a 48 horas.

Allí, gran parte de los policías poseen un sueldo de 3 mil 500 pesos al mes y no cuentan con capacitación previa.

Carlos, tragedia en prisión. Solamente tenía 27 años de edad y ya era víctima del alcoholismo. Carlos Arturo Ucán Tucuch era cazador, todos los días salía para obtener venado fresco o pavo de monte, de eso subsistía.

Un día de enero tomó su escopeta y amenazó con darse un balazo, su madre y uno de sus hermanos se lo impidieron; sin embargo, ante su impertinencia prefirieron llamar a la policía municipal, por lo que fue detenido 36 horas, calificado como “rijoso”.

No obstante, después de siete horas y ante un descuido de los agentes que lo vigilaban, el hombre se desnudó y con un cordón del short que llevaba puesto debajo del pantalón, logró colgarse de la reja de su celda.

“No hubo nada qué hacer, recuerdo muy bien el caso”, relata Federico Cuesy Adrianel, comandante de la Policía Municipal de Umán, uno de los municipios conurbados a Mérida, expuso que su misma familia ya tenía antecedentes de que pretendió quitarse la vida varias veces.

De acuerdo con el expediente de Carlos, estaba alcoholizado y aunque no le hicieron un examen toxicológico, sospechaban que estaba intoxicado con pastillas. “Fue un caso dramático, muy joven el muchacho, pero no se pudo hacer nada”, asegura.

Al igual que ese joven, otras tres personas fueron reportadas en los últimos meses de 2016 y los primeros de 2017, como fallecidos durante su reclusión en las cárceles municipales.

Según los reportes, se trató de Francisco C., de 49 años, en la prisión de Valladolid, al oriente de la entidad. El reporte apunta que murió por “causas desconocidas”, pero tras varios meses de investigación y la autopsia, se determinó que fue por asfixia.

 El tercer caso es el de José Gabino C.N., de 28 años, que también se suicidó mientras estaba detenido en la cárcel de Dzidzantún. Ambos casos fueron por ahorcamiento. Otro de los hechos documentados fue el del cuarto fallecido, Ramiro S.D., quien fue detenido por escandalizar en el parque principal del municipio de Teabo, ubicado también en el centro del estado y que murió por un paro cardiaco.

En Umán, la misma Comisión de Derechos Humanos ha hecho varias recomendaciones para que la cárcel del lugar cuente con vigilancia permanente.

Penales promedio. Quienes cometen delitos graves son trasladados a las cabeceras de cada zona —oriente, sur o centro— donde son recluidos y sometidos a proceso.

En Yucatán existen cuatro penales, uno en Mérida, otro en Tekax y el de Valladolid. Aunque los reportes varían semanalmente ante las detenciones y liberaciones que se ejecutan, en el de Mérida están recluidos mil 265 internos, en el segundo 106 y en el último 127. En el Cereso femenil hay 13 personas encargadas de la vigilancia de mil 511 detenidas.

El documento precisa que los cuatro penales estatales obtuvieron una calificación promedio aprobatoria de 6.37 puntos,  con lo que Yucatán se ubica en el lugar número 15 de los 32 estados de la República. Las calificaciones por centro de reinserción fueron: 7.52 del femenil; 6.49 el de Mérida; 6.18 de Ebtún, Valladolid y 5.30 el de Tekax, ubicado en el sur del estado.

El ómbudsman José Enrique Goff Ailloud informó que 230 servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados por violaciones a derechos humanos a través de amonestaciones, arrestos, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas, dependiendo de la gravedad de los hechos. En la mayoría de los casos fue por maltrato al personal, acoso u hostigamiento o por eludir sus pagos y prestaciones laborales.

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