Gobernador de Guanajuato pasa charola a alcaldes

El gobernador panista de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, pasará el canasto a los 46 alcaldes de la entidad para reunir el dinero necesario y concretar la construcción del cuartel de la Policía Militar en Irapuato, el cual, según don Miguel “es una decisión que no tiene reversa”. Ello, luego de que se vino abajo la edificación del inmueble —que se iniciaría en diciembre pasado con una inversión de 275 millones de pesos— en la comunidad Albarradones, en León, por tratarse de terrenos ejidales en conflicto. Nos cuentan, que con la redefinición del proyecto, la sede será en el mismo complejo de la doceava Región Militar, por lo que los ediles panistas de León, Irapuato, Salamanca y Celaya ya hacen sus cuentas para contribuir con la obra que tomará como modelo la base de operaciones de la Policía Militar de Apodaca, Nuevo León. Con la mayoría de los preparativos resueltos, nos comentan, sólo falta esperar que el dinero no sea una limitante para el futuro de este proyecto.

Piden plebiscito para revocar a Alfaro

Aunque en marzo el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano), aseguró que antes de su segundo informe de gobierno se sometería al ejercicio de revocación o ratificación de mandato, nos comentan que varios colectivos ya se adelantaron y presentaron ante el Instituto Electoral una solicitud para que se eche a andar este mecanismo establecido en la constitución local. Los solicitantes, nos platican, argumentan que el edil ha incumplido promesas, ha agredido a sectores vulnerables y está en confrontación con otras instituciones, por lo que se le ha perdido la confianza. Sin embargo, para dar curso legal a su petición, los promotores deben recabar al menos 5% de firmas del padrón electoral de Guadalajara, es decir, poco más de 55 mil rúbricas. ¿Lo lograrán?

Dan susto a edil por deuda de 300 mil pesos

Nos cuentan que al alcalde priísta de Cintalapa, Chiapas, Enrique Arreola Moguel, se le terminó la tranquilidad cuando su casa fue rodeada por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, para detenerlo por que su ayuntamiento incumplió con el pago de una deuda de 300 mil pesos a una empresa distribuidora de materiales. Don Enrique, nos platican, tuvo que pasar 36 horas detenido como parte del juicio mercantil; nos dicen que el conflicto persiste porque, al parecer, también integrantes de su cabildo podrían ser aprehendidos. Lo anterior, nos cuentan, ocurrió horas después de que don Enrique asistiera al informe ciudadano de su amigo el senador tricolor Roberto Albores Gleason, con quien se tomó fotos y, nos dicen, hasta ayudó en el acarreo de beneficiaras del Programa Prospera.

Desalojan aulas para oficinas

Con sólo 22 días en el cargo, el titular de la Sindicatura de Ruiz Cortinez, en Guasave, Sinaloa, Vladimir Romero Urias, se volvió un dolor de cabeza para la alcaldesa priísta Diana Armenta, ya que el funcionario ordenó al personal docente del Consejo Nacional de Fomento Educativo —que atiende a 54 estudiantes, hijos de jornaleros agrícolas procedentes del sur del país— desalojar los espacios que ocupan para ampliar sus oficinas, por ello las profesoras tuvieron que sacar a sus alumnos y gestionar en la iglesia de la comunidad algún espacio para continuar con su labor. En el ayuntamiento, nos aseguran, esperan que doña Diana logre meter en cintura a su funcionario.

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