Regulación de agua confronta a autoridades

Seis alcaldes denuncian ante SCJN reforma estatal de 2016; ley remueve a municipios acceso y uso del recurso

Estados 08/03/2017 01:19 Edgar Ávila / Corresponsal Actualizada 01:19
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La defensa del agua potable como un derecho humano y la oposición a privatizar su servicio en Puebla llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y generaron una fuerte confrontación entre autoridades municipales y el gobierno estatal.

Una reforma constitucional impulsada el año pasado por el panista Rafael Moreno Valle, y aprobada en enero, provocó la inconformidad de los alcaldes, pues autoriza al estado a “regular las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”, lo que consideran un intento de privatizar los sistemas municipales operadores de agua.

El edil de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, junto con cinco alcaldes más, recurrieron a la SCJN para echar abajo las modificaciones a la fracción VI del Artículo 12 de la Constitución del Estado.

Las autoridades de los municipios de San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla, Xoxtla, Talaltenango, Coronango y Zoquitlán consideraron que el texto es anticonstitucional dado que el Artículo 115 de la Constitución Federal habla de la facultad exclusiva de prestar el servicio para los municipios.

“El asunto de fondo es que repliquen lo que hicieron en la ciudad de Puebla, que desmantelen los sistemas operadores para justificar la participación de empresas privadas en la administración de todos los servicios vinculados al agua: dotación potable, alcantarillado y saneamiento”, alertó Espinosa.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el munícipe de San Pedro Cholula dijo que se trata del mismo texto de la reforma que propuso el gobernador de Baja California, Francisco Vega, que habla de que el estado regulará las bases y modalidades.

Recordó que en el municipio de Puebla, y parte de la zona metropolitana, el líquido fue privatizado en octubre de 2013 y se le otorgó a la empresa Concesiones Integrales. Sin embargo, el 28 de diciembre de 2016, San Pedro Cholula terminó este acuerdo y este año presentó una controversia constitucional a la que se sumaron cinco municipios.

El munícipe lamentó que “no haya disposición del Congreso local ni de la administración de Antonio Gali” para abordar el tema a través del diálogo.

 

Hay amenazas. El edil acusó a autoridades estatales de presionar a ediles para que desistan de participar en protestas o actos contra la reforma:

“Se han pronunciado en contra municipios que representan el 60%, pero sólo seis han presentado controversia porque hay amenazas sobre presidentes municipales; es más, el jefe de la oficina del gobernador se ha reunido en privado con alcaldes cuyos cabildos se habían pronunciado en contra”.

Funcionarios estatales no respondieron a la petición de entrevista de EL UNIVERSAL; sin embargo, a finales de febrero el gobernador pidió “dejar de lucrar con la privatización del agua con la finalidad de hacer política”.

Ante ello, el presidente municipal anunció que mantendrán una campaña de información e impulsarán una contrareforma presentada por alcaldes y ciudadanos para replicar la Constitución de la Ciudad de México, que impide la participación de empresas privadas en el tema de agua potable.

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