Pobladores y representantes comunitarios atribuyeron a motivos políticos el arresto del ex alcalde de Huixtán, Waldo Martín Pérez Bautista (PRD), cuya situación jurídica resolverá este martes un juez adscrito al centro penitenciario El Amate del municipio de Cintalapa de Figueroa.

El perredista, aseguraron, fue detenido el pasado 15 de marzo por policías especializados “arbitrariamente y sin orden de aprehensión".

En un documento, aseguraron que el ex edil y otros integrantes del Ayuntamiento de Huixtán (2012-2015) enfrentan acusaciones injustas por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público, derivado de una auditoría practicada por el Órgano Superior de Fiscalización, “que se encuentra aún en proceso de solventarse y corresponde al ejercicio 2013”.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició la carpeta de investigación 0020-101-1301-2017, en la que se ejercitó acción penal ante el juez de control del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, y se radicó la causa penal 26/2017.

Agregaron que “el asunto es político” porque Waldo Martín fue encarcelado en El Amate, donde un Juez de Control, según el exhorto 17/2017, celebró audiencia inicial en la que el imputado solicitó duplicidad del plazo constitucional para aportar pruebas a su favor. La situación jurídica se resolverá este martes.

Los representantes comunitarios argumentaron que al ex munícipe se le acusa de realizar dos obras de pavimentación de concreto hidráulico, por 3 millones de pesos cada una, sin haberse sujetado a lineamientos de obra pública.

Las obras están en los barrios La Pila y San Sebastián del municipio, aunque el delito de Waldo Martin es, supuestamente, “no haber respetado dichos lineamientos”.

Agregaron que al imputado no se le acusa de “haberse robado el recurso o no haberlo ejercido correctamente o de haber sido utilizado para otro fin distinto al otorgado”. Su conducta es por haber permitido “su priorización” antes que cualquier otra obra también de beneficio común.

Las observaciones de la auditoria establecen que el recurso sí fue ejercido completamente, que sí existe físicamente la obra hasta con ampliación de metas, pero que no se apegó a los lineamientos actuales en materia de priorización.

Las obras fueron también auditadas por la Federación, y se cumplieron los requisitos técnicos y administrativos en su construcción, “pero para el gobierno del estado no cumplió con los requisitos administrativos”, acusaron.

Defendieron que durante la gestión de Waldo Martín no existían los actuales lineamientos que regulan el porcentaje para cada rubro.

Por ello la detención del ex acalde, ordenada por el Congreso del Estado, es “arbitraria e injusta, tiene tintes políticos y exigimos su libertad inmediata e incondicional”, advirtieron.

afcl

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