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Madrid.— La Fiscalía Anticorrupción de España está sorprendida por la falta de respuesta mexicana ante la revelación de que una fiscal de Cohauila sería asesinada por orden de Juan Manuel Muñoz, alias Mono Muñoz, empresario y presunto enlace en Europa del grupo criminal Los Zetas, pues nueve meses después de ese aviso —surgido de una investigación policial en Madrid— las autoridades españolas no han recibido respuesta, de acuerdo con información del diario El País.
España alertó en marzo pasado que Juan Manuel Muñoz tenía un plan homicida. La investigación reveló que éste había ordenado asesinar a una funcionaria del Ministerio Público de Coahuila por no querer cooperar avisando a su sobrino de que sería detenido.
El diario español recoge el malestar de la Fiscalía Anticorrupción, coordinadora de las indagatorias, porque México no haya requerido nunca información sobre esa presunta conspiración. Los fiscales aseguran no saber ni siquiera si la mujer sigue en buenas condiciones.
Según el diario, la falta de reacción “ha provocado el estupor y la sorpresa de las autoridades españolas por la gravedad del caso”. Para España, la amenaza sobre la vida de la fiscal de Coahuila fue tan relevante que la policía levantó el secreto de las diligencias judiciales sobre Muñoz.
El comisario jefe de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal envió un escrito el 17 de marzo sobre los hechos. El documento alerta de que, dentro de la investigación sobre Muñoz, “se ha tenido conocimiento de unos hechos consistentes en la comisión de una conspiración para el homicidio cuya víctima sería una funcionaria del Ministerio Público de México”.
“Los hechos que motivarían la orden de acabar con su vida están vinculados a que [la funcionaria] es conocedora de una orden de detención/presentación contra el identificado como Salomón Ayup Muñoz, alias Monchi, la cual traería causa de la identificación, por varios testigos, de este último como autor de un secuestro y desaparición de un miembro de la familia Burciaga acaecido en Coahuila. Según se ha tenido conocimiento, esta funcionaria debería haber comunicado a Salomón Ayup Muñoz la existencia de dicha orden contra su persona...”
El jefe policial español asegura en su escrito que se desconoce la identidad de la posible víctima, pero aporta como información que el supuesto responsable de delatar a la fiscal es “un tal Erik de la Rosa, que podría tratarse de un funcionario que desarrolla su trabajo en el Departamento de Desaparecidos” de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
El comisario detalla en su informe que se levanta el secreto de las investigaciones sobre Muñoz “por la gravedad de los hechos de los que se tienen conocimiento y que el bien jurídico que se trata de proteger es de mayor relevancia que el propio secreto de la investigación”.
Como resultado de estas investigaciones, Muñoz fue detenido el 18 de marzo en su lujosa casa de Madrid. Allí la policía encontró numerosos documentos que lo señalan como presunto coordinador de la entrada de la cocaína de Los Zetas en Europa.
La conversación en la que Juan Manuel Muñoz ordenó asesinar a la funcionaria fue grabada por la policía el 4 de marzo de 2016. Se trataba de una llamada encriptada. En ella Muñoz telefonea desde Madrid a un número de la empresa Cargo Gas, una de sus sociedades en Coahuila. Muñoz habla con su sobrino Salomón Ayup Muñoz de que el soplo de la orden la ha dado un tal Erik de la Rosa. La conversación termina así:
—Juan Manuel Muñoz: Si es su amiga ¿por qué no le han avisado? Usted siempre. Sí, sí, sí, no le haga la confianza. Entonces sí... ¿no más pregúntele a su compadre? Y si no, pues para que vaya usted y la mata ahí.
—Salomón Ayup: ¿Que la declaren y todo para que la maten?
—Juan Manuel Muñoz: Sí, sí, sí, sí. Esa es la más correcta mi hijo.
La orden de detención contra el sobrino de Muñoz era por el supuesto secuestro y desaparición de un miembro de la familia Burciaga, relacionada con el narcotráfico en Matamoros, según la policía española.
Moreira reacciona. Por su parte, el gobernador Rubén Moreira aseguró que se han tomado todas las providencias en todos los casos de amenazas a funcionarios del Estado y descartó que no se haya atendido la alerta de amenaza del gobierno español hacia una funcionaria del Ministerio Público de Coahuila.
“Amenazas hay todos los días para nosotros, pero el caso específico, nosotros no podemos hacer públicas las indagatorias. Aquí la Ley lo prohíbe. Pero todas las providencias en todos los casos se han tomado y todas las indagatorias en todos los casos se han tomado”, declaró Moreira.
Sobre la información revelada en España, Rubén Moreira no precisó que se tratara de una funcionaria y comentó que en dicho caso, “las personas están resguardadas... Esas personas amenazas, lo han sido por perseguir a los delincuentes, en específico en este caso, fue por tratar de notificar a un delincuente”.
