Empleados postales protestan por despidos injustificados en Chiapas

Empleados del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) en Chiapas protestaron en las oficinas de Tuxtla Gutiérrez y emplazaron a demandas laborales por despidos injustificados.

El grupo de inconformes denunció que, de manera preliminar, 105 trabajadores fueron notificados para firmar su renuncia, a la que se negaron, aunque en el estado la cifra de despedidos podría superar las 300 personas.

En conferencia de prensa, los empleados federales exigieron la reinstalación de sus puestos, algunos con más de 20 años de servicio, o de lo contrario procederán con una demanda laboral colectiva.

Al despido, agregaron se suma la intención de ser despedidos sin pagarles sus prestaciones de aguinaldo y liquidaciones de acuerdo a ley, puestos y antigüedades.

Acusaron al sindicato del Servicio Postal Mexicano de no defenderlos y de permitir el despido masivo de personas, que se extiende a otros estados.

Mario Moisés Borraz Chacón, responsable de una oficina administrativa en esta ciudad, aseguró que fueron sorprendidos con la notificación verbal del despido.

Acusó que los despidos se suman a una estrategia nacional de Sepomex, dirigida por Elena Tanus, “la misma persona que hizo que quebrara y desapareciera Luz Fuerza del Centro”, sostuvo.

El Servicio Postal Mexicano tiene solvencia económica para continuar en la actual dinámica competitiva, pero no se descarta que con los despidos laborales se pretenda “privatizar” el servicio público, como ya ocurre en otros países, afirmó.

El entrevistado cuestionó los anunciados incrementos en la planta laboral del país, en medio de la notificación de despidos. “El presidente Peña dice que hay muchos empleos, pero podemos verlo en el IMSS; los despidos masivos nos indican que (el Presidente) no cumple su palabra”.

El cartero Francisco Cardoza Castellanos, con 19 años de servicio, dijo que de un día para otro se enteró de su despido, “me mandaron a llamar que ya estábamos en liquidación”.

Enfatizó que la determinación no es justa porque además de suprimir las fuentes de ingresos se plantea una liquidación individual de 9 mil 600 pesos por año devengado ante los 75 mil pesos por cada cinco años establecido en promedio legal.

La situación económica familiar para Francisco se prevé complicada porque de su sueldo de 3 mil 200 pesos quincenales dependen su esposa y sus dos hijos que cursan la universidad y el bachillerato, respectivamente.

“A mis 46 años ninguna empresa me contrataría, si así fuera lo más que devengaría sería salario mínimo que resultaría insuficiente para el sustento familiar”, lamentó.

afcl