Para evitar que el ex gobernador Roberto Borge Angulo abandone el país para evadir la justicia, el Congreso del estado exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) que pidan al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitir una alerta migratoria, y aseguren bienes de su propiedad para garantizar la reparación del daño patrimonial ocasionado al estado.
El pleno del Congreso local aprobó, con 13 votos a favor y nueve en contra, el punto de acuerdo por obvia y urgente resolución, presentado por los integrantes de las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y respaldado por los diputados de Morena, Nueva Alianza, Encuentro Social y el independiente Juan Carlos Pereyra.
PRI y PVEM votaron en contra del acuerdo, argumentando que se violaría el debido proceso y en el nuevo sistema de justicia penal existe la presunción de inocencia.
El acuerdo indica que existe el riesgo fundado de que el ex mandatario abandone el país con el fin de evadir la justicia.
En la exposición de motivos se señala que el 15 de noviembre de 2016 se emprendieron acciones legales contra Roberto Borge Angulo, por el probable daño patrimonial que ocasionó al estado de Quintana Roo, a través de la enajenación irregular de 9 mil 500 hectáreas de la reserva territorial.
De las investigaciones de la Secretaría de la Gestión Pública y del trabajo de diversas comisiones de la 15 Legislatura se desprende la presunción de un daño patrimonial mayúsculo a la entidad.
Pese a las denuncias correspondientes ante la PGR y la FGE, aún no se toman las providencias para evitar que el ex gobernador use dinero mal habido para abstraerse de la justicia.
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