Evalúan prórroga de alerta de género para Q. Roo

Quintana Roo podría convertirse en la tercer entidad federativa, después de Sonora y Colima, en la que se otorgue una prórroga al gobierno del estado, para cumplir las 11 recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim), a fin de evitar la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVGM).

La prórroga es una figura que no está contemplada en la Ley General de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, ni en su reglamento, pero se ha concedido luego de que los Grupos de Trabajo de la Conavim -creados para dar seguimiento a las solicitudes de Alerta de Género- considerasen la existencia de avances reales para dar cumplimiento a sus recomendaciones, pese a una serie de obstáculos que, incluso, están vinculados con temas presupuestales.

En el caso de Quintana Roo, el plazo para que el gobierno del estado entregara el reporte de cumplimiento de las 11 recomendaciones y sus 44 indicadores, al Grupo de Trabajo (GT) de la Conavim, venció ayer.

El viernes pasado, en una reunión privada de gabinete, el gobernador, Carlos Joaquín González, hizo una presentación general a la directora adjunta de la Conavim, Jimena Vilchis Cordero, sobre el grado de cumplimiento de dichas recomendaciones.

Pocos avances

Lo que debió entregarse fue, al menos, 13 modificaciones al Código Penal de Quintana Roo; siete, al Código Civil; reformas a las Leyes de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia en el estado; la Ley estatal de Trata de Personas; la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación; y a la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar.

También la elaboración de los Protocolos de Feminicidio, Violencia Sexual, Personas Desaparecidas (ALBA) y Órdenes de Protección; la creación de un refugio para víctimas de violencia extrema; la operación de un Centro de Justicia para la Mujer; elaboración de mapas geo-delictivos, colocación de luminarias, rescate de espacios públicos, limpieza de lotes baldíos, disminución de horarios para la venta de bebidas alcohólicas, entre otros.

Nada de lo anterior está listo, excepto los protocolos, pero no han sido publicados en el Periódico Oficial del estado. El Centro de Justicia no cumple con los lineamientos que marca la Segob y las otras medidas competen al Legislativo y a los ayuntamientos. Tampoco en esos ámbitos se tienen avances importantes.

El mandatario estatal solicitó verbalmente una prórroga para acatar al 100 por cientos las observaciones del GT, tomando en cuenta los factores políticos que se cruzaron –el proceso electoral y la transición del gobierno- para impedirle cumplir, ya que apenas lleva 1 mes y medio al mando del estado, pero pretende solucionar –aseguró- la problemática de violencia en contra de las mujeres.

Prórroga, figura inexistente

EL UNIVERSAL consultó hoy a la Conavim sobre el proceso a seguir, toda vez que la figura de prórroga no existe como tal.

Este órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), explicó que no existe un plazo para definir si se concede la prórroga, pues el GT tendrá que analizar el Informe que la administración de Carlos Joaquín debe entregar máximo, el próximo viernes, toda vez que el fin de semana pasado sólo hizo una presentación.

Los integrantes del GT evaluarán el contenido de ese Informe, no sólo cuantitativa, sino cualitativamente, de acuerdo con los 44 indicadores que acompañaron las 11 recomendaciones hechas.

Por ejemplo, se analizarán que los cursos y capacitaciones estén teniendo resultados y no sólo se tomarán en cuenta las listas de asistencia o el número de funcionarios adiestrados. Se revisarán cartas descriptivas, quién impartió los cursos, cómo se garantiza el ejercicio de lo aprendido y cuáles son las evaluaciones de los talleres.

En un término no definido, el GT emitirá un dictamen que puede salir en tres vertientes: Que se decrete la Alerta, que no es procedente declararla o que se otorgue la prórroga, cuyo lapso es también discrecional, se indicó.

De concederse, también el lapso de la prorroga es a criterio del GT, pues no existe regulación sobre el tema.

La complejidad de estas revisiones y, dependiendo del dinamismo de los integrantes del GT, la respuesta sobre la petición de prórroga estará lista en este año, pero podría prolongarse al 2017.

En los casos de Colima y Sonora la prórroga se concedió director por sus GT –no por solicitud de los gobiernos- al considerar que los avances eran razonables para dar un periodo de gracia, pero no suficientes para frenar el mecanismo.

Prórroga condicionada

Eva Aguilar, representante del Grupo Estatal de Mujeres, peticionaria de la AVG, estuvo en la reunión del viernes pasado y dijo que los colectivos y asociaciones involucradas en el seguimiento al tema, avalarán la prórroga pedida por Carlos Joaquín, sólo si está condicionada.

“Obviamente el señor, en dos meses, no podía cumplir al 100. El otro gobierno se ‘comió’ cuatro meses. Si el objetivo es que se cumplan las observaciones,  nos conviene que den la prórroga, pero condicionada.

“En primer lugar, pediríamos la publicación inmediata de los Protocolos, para que ya entren en vigor; y una segunda condición sería implementar el albergue para víctimas de violencia, administrado por el CIAM, que ya tiene las instalaciones y toda la experiencia para operarlo”, indicó.

Cuatro protocolos ya están listos, pero ni el gobierno anterior, ni éste, los ha turnado a publicación del Periódico Oficial del estado.

La activista señaló que tampoco se puede autorizar una segunda prórroga, que se tiene que marcar un plazo que no exceda los seis meses y garantizar que en las acciones se involucre a la sociedad civil.

Añadió que el argumento de Joaquín González para solicitar la prórroga, no fue la afectación a la imagen turística, pero que sí mencionó que era una preocupación del sector hotelero, por las implicaciones hacia el turismo.

“En realidad él admitió que en dos meses no podía cumplir con lo que se pidió al gobierno anterior, pero que reconocía que hay una problemática y que es interés de esta administración resolverlo”, expuso.

El 22 de noviembre, Aguilar de Lopez viajará a la Ciudad de México para reunirse con la veintena de representantes estatales que están solicitando que se decrete la Alerta de Género para México, debido a la magnitud de la violencia feminicida.

En el encuentro estarán presentes la Conavim, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Segob. Ahí se revisará el mecanismo para mejorarlo, lo que incluye que se inserte la figura de prórroga, para que sea regulada y acotada.

“Estamos viendo que el mecanismo no establece qué pasa después de la Alerta de Género. No define qué sigue, entonces los gobiernos bajan la guardia y se toman todo el tiempo del mundo, mientras a las mujeres las siguen matando, entonces de nada sirve y ellos se siguen haciendo tontos”, reprochó.

El origen

El Grupo Estatal de Mujeres solicitó, el cuatro de diciembre del 2015, que se decretase la AVGM ante el aumento de la violencia feminicida registrada en la entidad, principalmente en Cancún, en donde los feminicidios de jóvenes incrementaron.

En abril, el Grupo de Trabajo (GT) de la Conavim emitió un Informe que concluyó que existen todos los elementos para decretar la Alerta, dados los índices de violencia en contra de las mujeres y sugería 11 recomendaciones al gobierno estatal, para realizar acciones que frenasen esa violencia.

En mayo, el informe fue aceptado por la administración del entonces gobernador, Roberto Borge, quien quedó emplazado a dar cumplimiento a las 11 recomendaciones en un periodo de seis meses, que venció ayer, a fin de que no se decretase la Alerta.

El tema tomó al gobierno en pleno proceso electoral, además de que por primera vez en más de 40 años, se logró la transición democrática, al derrocar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), para dar paso la dupla del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que inició funciones el 25 de septiembre pasado.

El gobierno borgista dejó apenas un avance de entre el siete y el 10 por ciento en el cumplimiento de las 11 recomendaciones y la tácita imposibilidad para la administración del entrante gobernador, Carlos Joaquín González, de acatar el Informe en un 100 por ciento.

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