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Cuatro días antes del enfrentamiento entre maestros disidentes y policías federales en Nochixtlán, Oaxaca, los obispos de Chiapas enviaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto.

“Pedimos que no use la fuerza pública para desalojar a los que se están manifestando en el centro de Tuxtla Gutiérrez porque esto generaría hechos de sangre que abrirían heridas más profundas y dificultarían más una solución dialogada”, escribieron los jerarcas católicos en una misiva fechada el 15 de junio de 2016.

La muerte de nueve civiles en aquel choque entre profesores y fuerzas federales detonó marchas en varios estados, bloqueos carreteros y de puentes fronterizos. La posición de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se endurecía al tiempo que se establecía una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob).

El 5 de julio, los obispos de la entidad del sureste mexicano enviaron otra carta al jefe del Ejecutivo.

“Suplicamos que no se intente un desalojo violento de los plantones que los maestros tienen en la avenida Central de Tuxtla Gutiérrez y de los bloqueos que aún sostienen, porque el derramamiento de sangre no es camino de solución”, señalaba este nuevo documento que fue leído frente al presidente Peña Nieto en una reunión con una comitiva del alto clero mexicano.

Estas misivas, a las que tuvo acceso EL UNIVERSAL, muestran el cabildeo que realizaron Fabio Martínez Castilla, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez; Leopoldo González González, obispo de Tapachula; Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, y Enrique Díaz Díaz, obispo coadjutor de San Cristóbal de las Casas.

Riesgo de radicalización. En los días más álgidos del conflicto, los sacerdotes católicos se reunieron con dirigentes locales de la CNTE, enviaron una carta al Congreso de la Unión y escucharon la postura del gobierno de Chiapas con el objetivo de mantener la mesa de diálogo en Gobernación.

Finalmente ayer, los profesores quitaron la mayor parte de los cierres que habían establecido desde hace 12 días para concentrar las acciones de protesta en Tuxtla Gutiérrez, como señal de respaldo a las negociaciones.

En la carta que enviaron al presidente de la República hace cuatro días, el alto clero chiapaneco sostenía: “El anuncio del señor Secretario de Gobernación de que se va a proceder con otras medidas los ha exasperado y están preparados para una respuesta violenta. Hay grupos radicales que se les han unido y sólo esperan una señal para intervenir con métodos propios de una guerrilla”.

El domingo pasado, los prelados católicos tuvieron una reunión con dirigentes del movimiento magisterial de Chiapas y así se lo hicieron saber el jefe del Ejecutivo.

“Dicen estar dispuestos al diálogo, para llegar a acuerdos concretos (…) Les insistimos en que deben levantar sus bloqueos y no afectar más a la sociedad. Nos respondieron que los están flexibilizando, dicen que no pueden dejar de presionar al gobierno y que están dispuestos a luchar con otros métodos más duros si son agredidos. Dicen estar preparados para ello”.

Congreso: otro canal de diálogo. En la carta a Peña Nieto, los obispos señalan: “Sugerimos que usted aliente que el Congreso de la república ofrezca a los maestros inconformes una mesa de diálogo, no para abrogar la reforma educativa, sino para analizar algunos puntos de las leyes secundarias que más sienten que les afectan”.

En la misiva más reciente se advierte que los obispos conocen con claridad las demandas centrales de los maestros de la CNTE, y piden al titular del Ejecutivo: que aclare que no hay intención de privatizar la educación pública, que garantice los derechos laborales y que no perderán su trabajo ni su derecho a la jubilación, adecuar evaluaciones a las condiciones de los lugares más rezagados, como Chiapas y Oaxaca, y que la forma de pago de sus salarios sea diferente a la tarjeta electrónica, pues hay lugares muy apartados donde es difícil acceder a sistemas bancarios.

Ya en la primer carta, los obispos señalaban que “dialogar no es conceder todo lo que se pide, sino escuchar con serenidad y acceder en aquello que sea justo y oportuno”.

Y agregaban: “No avalamos los diversos desmanes que ha habido en algunas manifestaciones magisteriales, sobre todo por parte de personas u organizaciones infiltradas. Nos preocupa que se pierda el presente ciclo escolar, dañando el derecho de los niños, pues la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de escuelas públicas en Chiapas, no están laborando; algunas, por presión, pero casi todas por convicción magisterial”.

Las misivas en poder de EL UNIVERSAL dejan ver que el llamado al diálogo del alto clero chiapaneco incluye un intenso cabildeo con el gobierno estatal, los dirigentes magisteriales, el gobierno federal y un intento por incluir al Congreso de la República para generar otro canal de conciliación: “El pasado 27 de junio, escribimos una carta a los líderes parlamentarios de los partidos políticos en el Senado y en la Cámara de Diputados (…) No hemos recibido respuesta”.

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