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El gobierno de Nuevo León tiene documentados 117 casos de corrupción en la administración pasada, encabezada por Rodrigo Medina de la Cruz.
De acuerdo con información de la contraloría de la entidad, los expedientes fueron integrados a partir de denuncias ciudadanas y como resultado de auditorías, revisiones y verificaciones iniciadas por el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. De esos 117 casos, 47 tienen alguna responsabilidad penal, por lo que la dependencia estatal realizó las denuncias correspondientes ante la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo Léon, que a su vez las presentará ante las autoridades judiciales.
En 28 de estos casos, la contraloría inició procedimientos de responsabilidad administrativa y han sido inhabilitados por 10 años seis ex funcionarios, entre ellos tres ex secretarios de Medina de la Cruz.
El gobierno estatal ha detectado contratos con irregularidades, como la falta total o parcial de comprobantes de pagos, facturación duplicada, facturas que no corresponden a las estimaciones, pagos adicionales sin soporte y pagos, y/o anticipos de obras no realizadas.
El subprocurador de Combate a la Corrupción, Ernesto Canales, y el vocero para casos relevantes, Aldo Fasci, anunciaron en su momento que entre los expedientes de corrupción, destacaba el caso KIA Motors por las irregularidades del gobierno anterior en la adquisición del terreno donde se estableció la planta, así como por las obras para su instalación.
Otro de los casos es por un contrato de la administración anterior con la empresa Limón Publicistas, en el que acordaron “enaltecer” la figura del ex mandatario estatal, así como beneficiar la imagen del PRI, lo que constituía un desvío de recursos.
Se indaga también la disposición ilegal de recursos de particulares entregados a la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado, por concepto de fianzas en custodia.
Entre los ex funcionarios inhabilitados están Rodolfo Gómez Acosta, Luis Marroquín Salazar y Rolando Zubirán Robert, secretarios de Finanzas, de Obras Públicas, y de Desarrollo Económico, respectivamente.
Esos tres ex servidores públicos se encuentran en la lista de las 11 personas cuyos bienes fueron embargados por el quebranto al erario por más de 3 mil 600 millones de pesos.
“No hay persecución política”. Rodríguez Calderón reapareció ayer luego de los hechos violentos en el penal de Topo Chico, que dejó tres muertos, y del anuncio del Operativo Tornado, que incluyó el embargo precautorio contra el ex gobernador Medina de la Cruz y 10 ex funcionarios de su administración.
Negó que estas acciones hayan tenido como objeto mejorar su calificación ante los ciudadanos. El Bronco dijo: “Son los ciegos y sordos que siempre ha habido, los que sostienen eso, ellos nunca van a opinar bien de nosotros. Si tomamos una acción no les va a gustar, si tomamos otra tampoco les va a gustar. Nosotros no estamos trabajando para eso”.
El pasado viernes el gobierno estatal anunció el embargo precautorio de 22 inmuebles a 11 ex funcionarios; sólo uno es del ex gobernador.
De acuerdo con informes preliminares, el valor de los 22 bienes sería de entre 150 y 200 millones de dólares. El rancho de Medina tendría un valor comercial superior a los 3 millones de pesos.
Ante los señalamientos del ex gobernador de que se trata de una persecución política, El Bronco dijo respetar su opinión, pero “todos, incluyendo al ex mandatario, tienen que responderle a la sociedad. Todo es un ejercicio de la ley: No persigo políticamente a nadie”.
