Inhabilitan a 4 ex colaboradores de Rodrigo Medina

La Contraloría de NL sancionó con 10 años de inhabilitación a los ex titulares Juana Aurora Cavazos, de Desarrollo Social; Patricia Aguirre, de Desarrollo Turístico; Juan Manuel Fernández y Sergio Alejandro Alanís Marroquín, ambos de Vivienda

(Foto: Archivo - EL UNIVERSAL)
Estados 25/06/2016 23:03 David Carrizales / Corresponsal Monterrey, NL. Actualizada 23:03
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La contralora general del gobierno de Nuevo León, Nora Elia Cantú Suárez, informó que por haber otorgado incentivos económicos de manera irregular a la empresa Siderúrgica de Linares, Contraloría y Transparencia Gubernamental inhabilitó por 10 años a cuatro ex funcionarios de primer nivel de la anterior administración estatal.

A través de un boletín de prensa emitido la noche de este sábado,  Cantú Suárez señaló que los involucrados además deberán pagar de manera solidaria una sanción resarcitoria al Estado por un monto de 210 millones de pesos.

La notificación de inhabilitación para ocupar cargos públicos por diez años, se hizo a Juana Aurora Cavazos, quien se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social, y actualmente funge como diputada federal por el PRI.

A Patricia Aguirre González, quien fue Directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado; Juan Manuel Fernández García, quien fue Director General del Instituto de Vivienda del Estado y Sergio Alejandro Alanís Marroquín, quien ocupó la Dirección General del Instituto de Vivienda del Estado en la parte final de la administración de Rodrigo Medina de la Cruz.

Recordó la contralora general que la dependencia ha dictado a la fecha once resoluciones de inhabilitación. Asimismo, expresó, se trabaja en la integración de otras investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa. 

Cantú Suárez comentó que la Contraloría está en constante comunicación con los órganos de control interno de las dependencias estatales para la detección de irregularidades, que dan pie a la aplicación de sanción y en su caso a sanciones de inhabilitación para funcionarios de todos los niveles.

Aseveró que la Unidad Anticorrupción adscrita a la Contraloría, continúa remitiendo denuncias a la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, por presuntos actos delictivos en los que se han visto involucrados servidores públicos de diversas dependencias.

En las dos últimas dos semanas, se han presentado 18 denuncias más a la subprocuraduría que encabeza Ernesto Canales, concluyó Cantú Suárez.

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