Acusan a jueces por presunta corrupción

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Guadalajara.— Fiscales de Jalisco denunciarán penalmente a los tres magistrados que integran la Sexta Sala de lo Penal del Supremo Tribunal de Justicia —encabezada por Celso Rodríguez González, ex presidente del Poder Judicial—.

Lo anterior al considerar que incurrieron en actos de corrupción al permitir la liberación de tres presuntos secuestradores, vinculados con el grupo delictivo que asesinó a 26 personas y abandonó sus cuerpos bajo Los Arcos del Milenio, en Guadalajara, en noviembre de 2011.

Eduardo Almaguer Ramírez, fiscal general, señaló que tras revisar la resolución con la que el 6 de junio pasado los magistrados revocaron el auto de formal prisión otorgado por el Juez Octavo de lo Criminal contra las tres personas, no se encontraron argumentos jurídicos viables para otorgar su libertad.

“A los magistrados se les acusará por corrupción. Estudiamos su resolución y presumimos que al no haber una razón jurídica viable para dejar en libertad a tres peligrosos delincuentes hay un acto de corrupción. Lo delicado es que están revocando el auto de formal prisión, es decir, ni siquiera se pudo entrar al fondo del asunto”.

Almaguer precisó que sólo dos sujetos salieron del penal de Puente Grande, puesto que el tercero —identificado como medio hermano del líder de una célula del Cártel de los Valencia que, junto con Los Zetas, mantenía una disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación— continúa preso debido a que está sujeto a otros procesos por los delitos de homicidio, secuestro y extorsión.

Los tres acusados fueron capturados en diciembre de 2014 y se les intentaba juzgar por el secuestro de un comerciante al que mantuvieron cautivo en una finca de Chapala; sin embargo, la fiscalía continuaba investigando a los tres sujetos para tratar de comprobar su vínculo con el grupo delictivo que perpetró la masacre de 2011.

En aquella ocasión, la procuraduría logró acreditar que la mayoría de las personas asesinadas no tenían relación con ningún grupo delictivo.

El argumento de los magistrados para poner en libertad a los tres acusados fue que no se contaba con elementos suficientes para poder iniciar un proceso en su contra; al respecto, el fiscal consideró que hay una jurisprudencia que avala la decisión del juez que ordenó su auto de formal prisión en primera instancia.

“Hay jurisprudencia sobre el fundamento que utilizan los magistrados, en el sentido de que no es necesario el señalamiento de la persona frente al juez, ellos fueron identificados por sus cómplices en fotografías. Además, las víctimas no podían identificarlos de manera directa porque cada quien hacía una parte en el secuestro.

“Había elementos para decretar el auto de formal prisión, tal como lo hizo el juez, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte; para nosotros es un caso bastante delicado porque son personas violentas”.

Además de la denuncia penal contra los magistrados, la fiscalía presentará una queja ante el Supremo Tribunal de Justicia para solicitar que sean desaforados y dará asesoría a la víctima del secuestro para que pueda ampararse contra la resolución.

El fiscal señaló que también se revisó a fondo la integración de la averiguación previa para detectar posibles fallas; sin embargo, se concluyó que estaba bien integrada y por ello el juez que llevó el caso determinó que había elementos para iniciar un proceso contra los tres acusados.

Finalmente, Almaguer Ramírez consideró que “estos casos deben servir para debatir si quienes integran el Poder Judicial también deben acreditar las evaluaciones de control de confianza a las que son sometidos todos los encargados de la procuración de justicia”.